La Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media) (semisquare-x3)
La Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

El Sindicato de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR) ha llegado a un acuerdo tentativo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, de consumarse en el plan de ajuste del gobierno central, restituiría a casi 65,000 empleados públicos al menos $1,360 millones correspondientes a los ahorros que estos hicieron para la jubilación y que el gobierno gastó para el pago de pensiones vigentes.

Los detalles del pacto se dieron a conocer este lunes en una conferencia de prensa en la sede del sindicato en Río Piedras y donde la presidenta de la organización sindical, Annette González, destacó que el acuerdo también permitirá mantener los beneficios marginales adquiridos de los 11,000 empleados públicos que representa SPUPR mediante convenios colectivos, cuya vigencia se extenderá por otros cinco años.

“Con este acuerdo se garantiza también que nuestros miembros recibirán cualquier beneficio adicional que el gobierno pueda otorgar a los servidores públicos”, indicó González.

La Asociación Americana de Empleados de Condados, Municipios y Estados (AFSCME) negoció con la JSF a nombre SPUPR por varios meses, se indicó. SPUPR es el Concilio 95 de AFSCME.

De acuerdo con González, el sindicato optó por negociar con la JSF, una vez la jueza Laura Taylor Swain, que atiende los casos de Título III de Puerto Rico, determinó que el presupuesto válido del gobierno es aquel que certifique la JSF.

Además, la líder sindical manifestó que se sentaron a la mesa con la JSF ante la negativa del gobierno de negociar un nuevo convenio colectivo. González indicó que SPUPR pidió al gobierno negociar los convenios colectivos de sus representados en al menos tres ocasiones, pero ello no sucedió.

El acuerdo entre SPUPR y la JSF es el segundo convenio colectivo que se pacta entre el ente federal que controla las finanzas públicas de la isla y una organización sindical. Esta semana, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) lleva a cabo una votación para conocer si unos 29,790 educadores avalarían el pacto para ese grupo profesional.

Al igual que en el caso de la AMPR, el acuerdo entre SPUPR y la JSF abarca los temas de convenio colectivo, beneficios de retiro y cómo se distribuiría los sobrantes presupuestarios que se produzcan y de igual, el pacto no afecta a los empleados públicos ya jubilados, quienes son representados por el Comité Oficial de Retirados (COR).

Sin embargo, en materia de retiro, el pacto de SPUPR aplica específicamente a los empleados públicos que cotizan al llamado Sistema 2000 y aquellos sujetos a la Ley 3 del 2013.

Según Juan Romero, economista laboral para AFSCME, si bien SPUPR representa a unos 11,000 trabajadores del sector público, el acuerdo con el ente fiscal beneficiará a la totalidad de los empleados que perdieron el beneficio de una pensión definida hace casi dos décadas. Entonces, ante la insolvencia del plan de beneficio definido, el exgobernador Pedro Rosselló impulsó el cierre de ese plan de pensiones y dio paso al Sistema 2000, un plan de retiro al que solo contribuyen los trabajadores.

Empero, a pesar de que esa legislación requeriría crear cuentas separadas para cada empleado público e invertir el dinero según las políticas de inversión establecidas, la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) utilizó tales recursos para el pago de las pensiones vigentes.

Según los estados financieros del gobierno para el 2016, hasta ese año fiscal, había cerca de 65,000 empleados bajo Sistema 2000 y Ley 3 de 2013.

“Lo que hemos visto aquí es verdaderamente increíble”, dijo Romero.

El economista explicó que mientras se preparaban para las negociaciones con la JSF examinaron lo acontecido en diversos planes de retiro de jurisdicciones estatales incluyendo el caso de Detroit y en ninguno se habían encontrado con un escenario donde el dinero de la jubilación agotara en su totalidad.

“(Este acuerdo) garantiza las aportaciones de los empleados públicos. El plan fiscal solo hace una promesa de que ese dinero se va a pagar”, dijo Romero.

Si bien la AFCSME y SPUPR lograron recuperaron el principal que aportaron los empleados públicos a su retiro, el pacto no incluye los intereses que ese dinero debió generar por las pasadas dos décadas. Solo un cálculo sencillo de las aportaciones de los empleados que no fueron invertidas por el desempeño de una nota del Tesoro estadounidense a dos años implicaría que los empleados públicos perdieron la oportunidad de recibir al menos $34 millones en intereses.

Según Romero, la expectativa del sindicato es que la JSF haga un pago único por los $1,360 millones de la cuenta principal de Hacienda, donde se estima hay unos $7,000 millones en liquidez, según informes de gobierno.

El proceso de votación

Por su parte González indicó que la SPUPR llevará a cabo una jornada de orientaciones y luego un proceso de votación para que los empleados representados por el sindicato se expresen.

En el caso de SPUPR, lavotación sí será vinculante para que la JSF incluya el pacto en el plan de ajuste del gobierno central, se informó.

González sostuvo que habida cuenta que los empleados representados por SPUPR tienen 14 convenios colectivos distintos, la votación se contará por mayoría simple en cada una de esas unidades y partiendo del total de votantes. El proceso de votación se llevaría a cabo entre los días 17 al 28 de junio próximo.


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