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Luis Pedraza Leduc. (GFR Media/Archivo)

Líderes del movimiento sindical calificaron la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de crear un programa de retiro voluntario para empleados públicos, como una iniciativa de “renuncias incentivadas” que no resolverá el problema de flujo de efectivo en el gobierno central.

Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, opinó que, con la iniciativa, el gobierno solo  busca aparentar que quiere evitar la reducción de la jornada laboral en el gobierno, de modo que se culpe principalmente a la Junta de Supervisión Fiscal (JFS) por esta medida de austeridad.

“Este es un juego para echarse las culpas. No es un esfuerzo legítimo para evitar la reducción de la jornada. Lo que atiende el gobernador con esto no es lo que la Junta quiere atender cuando habla de la reducción de la jornada”, dijo Maymí.

La reducción de la jornada laboral y la eliminación del bono de Navidad son medidas de contingencia contenidas en la resolución de la Junta que certifica y enmienda el Plan Fiscal que sometió el gobernador. 

En cambio, resaltó Maymí la propuesta del gobernador no tendría efecto fiscal alguno hasta dentro de un año. Esto implica que la amenaza más inmediata de reducción en la jornada o eliminación del bono de Navidad no es despejada por la iniciativa ya que persisten los problemas de liquidez en el gobierno central.

La propuesta del ejecutivo provee hasta un año de salario a aquellos empleados gubernamentales no esenciales que voluntariamente acepten salir de sus puestos en el gobierno. Estas plazas, afirmó Rosselló Nevares, serían congeladas, generando eventualmente ahorros en la nómina.

“Yo creo que lo que quieren es tratar de generar simpatías en la opinión pública en comparación con la otra opción que quieren de reducir la jornada laboral”, reaccionó Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinadora Sindical.

El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, por su parte, admitió que la propuesta del ejecutivo no tendría beneficios al fisco hasta dentro de un año, por lo que no podría usarse para atender una situación de liquidez que suceda durante este año fiscal.

No obstante, afirmó que esos problemas de liquidez no se concretarán debido a los recortes que están implantando en todo el gobierno, las reestructuraciones de agencias y las mejoras en los ingresos.

Esta idea no es necesariamente compartida por la JSF. La miembro de este organismo, Ana Matosantos, afirmó en la última reunión pública del organismo, que el gobierno todavía no había ofrecido los suficientes detalles para justificar estimados de ahorros por $200 millones.

“La reducción en la jornada laboral entendemos que no se necesita porque cumplimos con el Plan Fiscal. Ahora, lo que anunció el gobernador es una medida nueva que es parte de la encomienda de reducir el gobierno de las ciento y pico de agencias que tenemos a unas cuarenta y pico. Esto es un proceso de transición para achicar el gobierno y reducir los costos operacionales por los próximos diez años”, dijo Maldonado.

“Es una medida sensible, que permite que la persona se reinvente y tenga una transición para colaborar en el desarrollo de la economía de Puerto Rico desde el sector privado. Mientras, el gobierno tiene una reducción en el gasto de nómina”, añadió.


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