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La Comisión de Gobierno de ese cuerpo evalúa dos medidas: el proyecto del Senado 1634 para eliminar la Ley 80, como lo exige la JSF, y el proyecto del Senado 1011, que aunque deroga también el estatuto lo hace de manera prospectiva. (Teresa Canino )

Durante las vistas públicas de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes no se presentó evidencia alguna que demuestre que es necesaria la derogación de la Ley Contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) para impulsar la economía de la isla, denunciaron este domingo tres representantes populares.

Es así como la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara reiteró que se mantiene firme en votar en contra de la medida e hizo un llamado a la mayoría del Partido Nuevo Progresista para que haga lo mismo.

Asimismo, pidieron que los patronos, algunos agrupados en gremios que abogaron en las vistas por la derogación del estatuto, hagan pública su postura en contra de la eliminación de la Ley 80.

“La delegación del PPD no va a acceder al chantaje de que se apruebe algo que no tiene absolutamente nada que ver con el cuadre del presupuesto. Es un apetito ideológico injustificado de la agenda neoliberal de la Junta de Control Fiscal a la cual el gobernador Ricardo Rosselló se allanó y se entregó”, dijo el representante Luis Vega en conferencia de prensa acompañado por sus homólogos Manuel Natal y José “Conny” Varela.

“La decisión sobre este proyecto es sencilla: con quién usted está con la junta o está con la gente. Yo confío que la mayoría de los legisladores en la Cámara contestarán esa pregunta diciendo que se está con la gente y no con la Junta”, agregó Vega.

Hasta el momento, aún no hay los 26 votos para aprobar la medida que deroga la Ley 80, indicó Varela.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, no contestó llamadas de este diario para saber si la medida bajaría a votación.

Sin embargo, el presidente de la comisión, Jorge Navarro, rechazó que el proyecto baje al hemiciclo mañana. Dijo que habrá un caucus -mañana lunes- de la delegación novoprogresista y allí se decidirá qué hacer con el proyecto.

La Comisión de Gobierno de ese cuerpo evalúa dos medidas: el proyecto del Senado 1634 para eliminar la Ley 80, como lo exige la JSF, y el proyecto del Senado 1011, que aunque deroga también el estatuto lo hace de manera prospectiva.

La derogación del estatuto es la exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al gobernador tras llegar a un acuerdo. La JSF y el gobernador acordaron derogar la Ley 80 a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, pero solo durante la vida del plan fiscal a cinco años, el bono de Navidad y las licencias mínimas pagadas de vacaciones y enfermedad.

Por su parte, Natal desglosó elpor qué no se ha justificado en las vistas públicas la eliminación de la ley. Precisó que no se presentó evidencia alguna para probar que con esta movida se crearían empleos en Puerto Rico y, por ende, habría desarrollo económico.

“Los proponentes de esta medida han dicho que eliminar la Ley 80 lograría varias cosas. Uno, la creación de empleos. Durante el proceso de vistas públicas no se ha podido dar ni un solo número de cuántos empleos se esperaría que se crearía con esta legislación. Dos, desarrollo económico. Durante el proceso de vistas públicas las únicas dos personas que pudieron comparecer para dar algún tipo de testimonio a favor del supuesto desarrollo económico que se lograría con esta legislación, tienen contratos que sobrepasan el $1 millón con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal que es la institución que está promoviendo la legislación”, explicó.

Agregó que ninguna de las entidades que abogó por la eliminación de la Ley 80, como la Asociación de Industriales y el Centro Unido de Detallistas, entre otros,  precisaron cuántos empleos crearían una vez se derogue el estatuto. Tampoco presentaron evidencia, dijo Natal, de estudios que demuestren cuánto le cuesta la Ley 80 ya que se argumenta que es un escollo para hacer negocios en Puerto Rico.

Cuestionó si los legisladores volverán a reducir derechos de los empleados, como lo hicieron el año pasado, cuando dieron paso a una reforma laboral que incluyó la eliminación de la Ley de Cierre. Agregó que, al momento, no se han visto los frutos positivos de esa derogación.

“¿En este caso van a confiar en los mismos que le dijeron que se lograrían unas cosas, quitándole derecho a los trabajadores?

Refutó el alegato de que si no se deroga la Ley 80 se pierde el bono de Navidad y se reducen las licencias de vacaciones y de enfermedad.

“Creo que ha quedado más que evidente entre el país que cuando no tiene un trabajo, uno no tiene ni derecho a vacaciones, ni a enfermedad ni bono de Navidad. Los puertorriqueños sabe que si se quita la Ley 80 y es más fácil despedirte, no hay que entrar en consideraciones de que se ha protegido mi bono de Navidad, mis días de vacaciones y de enfermedad porque estoy despedido”, dijo.

“Esta legislación no es solamente buena para los trabajadores sino para el patrono porque permite una aplicación adecuada, un riesgo controlado”, añadió no sin antes mencionar que el presidente de la JSF, José Carrión, tiene un conflicto de interés al exigir la derogación de la Ley 80 mientras vende seguros para proteger a patronos.

Además, Natal destacó que no hay “un compromiso claro” que indique que aprobar la medida para eliminar la Ley 80 protege el bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad.

Recordó que a la Comisión de Asuntos Laborales no se le permitió participar del proceso de vistas públicas, que duró dos días.

Natal dijo que la Cámara de Representantes se dispone a llevar mañana a votación la medida “en un posible segundo calendario”.

“La única razón de la eliminación de la Ley 80 es para sostener el acuerdo entre el gobernador y la Junta. A cambio del gobernador lograr la aprobación de la Ley 80, se le aumentaría el presupuesto de la Oficina del Gobernador, de la Oficina de la Comisionada Residente y el presupuesto de la Legislatura quedaría intacto”, sentenció Natal.

Vega, entretanto, exigió que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, haga pública la opinión legal que se le solicitó el primer día de las vistas. La petición surgió por petición de Vega, quien pidió a la funcionaria que determinara si es constitucional o inconstitucional derogar la Ley 80 de manera prospectiva.

Navarro reconoció que aún la Comisión de Gobierno no recibe la opinión legal.

Además, el representante popular denunció que “esta semana la Junta se cargó al gobernador y en vez de devolverle el presupuesto que había sometido para que lo corrigiera, se lo mandó directamente a la Legislatura. Miren el poco respeto que está teniendo la Junta con el gobernador”.

Destacó que en ninguna de las resoluciones que componen el presupuesto para el próximo año fiscal, no hay mención alguna de la Ley 80 y los ahorros que se van a obtener producto de la derogación de ese estatuto.  


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