Aunque la Comisión no ha hecho un análisis al detalle del estimado fiscal de la medida, Abel Nazario sostuvo que el impacto fiscal no debe sobrepasar los $40 millones para que se pueda aprobar la medida. (semisquare-x3)
Aunque la Comisión no ha hecho un análisis al detalle del estimado fiscal de la medida, Abel Nazario sostuvo que el impacto fiscal no debe sobrepasar los $40 millones para que se pueda aprobar la medida. (Juan Luis Martínez Pérez)

El senador Abel Nazario le concedió hoy a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) un término de dos semanas para hacer un nuevo análisis sobre el impacto económico proyectado que tendría sobre el Departamento de Educación (DE) la nueva “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”.

Nazario, presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, les solicitó a representantes de la agencia afinar el impacto de $175 millones que, según la OGP, tendría la implementación de la medida para el año fiscal 2018-2019.

“De aprobarse la presente pieza legislativa el presupuesto para este componente programático del Departamento de Educación ascendería aproximadamente a $650,000,000”, expresó 

Nazario cuestionó el estimado presentado en la vista pública de la Comisión senatorial de Educación y reforma Universitaria por la OGP, pues si el impacto de la medida fuera $175 millones, la misma no sería aprobada y, de ser firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sería rechazada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). 

Algunos de los señalamientos del senador fueron directamente hacia el estimado proyectado en los gastos para partidas, como la contratación de los jueces administrativos, la nómina de los maestros designados a la población de educación especial y la contratación de personal para atender la nueva estructura para los estudiantes de educación especial que se crearía a través del Proyecto de la Cámara 1484.

Yo necesito que ustedes se sienten, porque yo tengo un mes para atender esto…con el impacto de $175 millones no hay forma de que se apruebe este proyecto, no hay forma, pero hay otras partes que argumentan que el impacto, si acaso, llega a $20 millones y empujao”, dijo Nazario, quien destacó que el Departamento de Educación cuenta con personal que puede movilizarse a realizar estas tareas.

“Tenemos que ver las proyecciones al chavo, sobre todo, lo de los $120 millones de impacto de servicio, cómo lo define, de dónde sale ese número”, puntualizó el exalcalde de Yauco.

Aunque la Comisión no ha hecho un análisis al detalle del estimado fiscal de la medida, Nazario sostuvo que el impacto fiscal no debe sobrepasar los $40 millones para que se pueda aprobar la medida.

Según la ponencia de la OGP, firmada por su director José Marrero, el impacto fiscal estimado se debe a la estructura organizacional necesaria para establecer la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, lo que incluye la necesidad de asignación de personal adicional. Asimismo, conlleva un impacto el establecimiento de las Oficinas Asociadas de Educación Especial Local, ubicada dentro de cada una de las oficinas regionales educativas. 

Otro componente que añade al impacto fiscal de la medida es el establecimiento de una Junta Examinadora de Defensores de Menores con Discapacidades y de la Comisión Conjunta para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades de la Asamblea Legislativa.

“Ser recomienda que el proyecto expresamente enfatice que los miembros de la referida Junta no devengarán dietas o cualquier otro tipo de retribución similar”, dijo Marrero en ponencia escrita. 

La OGP también expresó reservas con el hecho de que se le permita a la Secretaría Asociada de Educación Especial elaborar su petición de presupuesto.  “El proyecto bajo consideración tiene un impacto gerencial y presupuestario significativo, el cual no podemos avalar en estos momentos”, sostuvo Marrero que estuvo representado por Osvaldo Guzmán, director asociado de la Oficina de Presupuesto de la OGP.

En el escrito la OGP, se estimó el gasto de la contratación de jueces administrativos en $576,000 cuando realmente sería de $72,000 anuales, ya que la nueva estructura conllevaría la contratación de un juez adicional a los seis con los que actualmente cuenta la agencia, según Nazario.

 “El proyecto es bueno, mi única preocupación son los números”, sostuvo el senador, quien destacó que también se proyecta una merma en el número de maestros que atiende esta población. 

De la vista pública también participó el secretario auxiliar de Educación Especial, Eliezer Ramos, quien reafirmó su postura de que la medida es una de avanzada que abre el espacio de discusión a muchos sectores y redefine los servicios que se le quieren brindar a este grupo estudiantil. 

Reconoció, sin embargo, que actualmente el programa ni la agencia cuentan con suficientes recursos diestros para llevar a cabo las evaluaciones vocacionales y de carrera de los 59,101 estudiantes que se benefician de este servicio. Destacó también la ausencia de recurso humano, problemas en la coordinación de terapias y falta de agilidad en la coordinación y procesos de compra.


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