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Desde julio  del 2006 hasta el presente, José A. “Nía” Rivera Díaz, exalcalde penepé de Trujillo Alto y padre del presidente del Senado, ha obtenido contratos gubernamentales por más de  $770,000 para inspeccionar proyectos de construcción a través de una empresa que viola la ley que rige la práctica de la ingeniería.

Rivera Díaz, quien no es ingeniero licenciado, según confirmó el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), figura como presidente de JRD Consultant Group Corp., Ingenieros, Agrimensores y Arquitectos, en una tarjeta de presentación -en poder de este diario- que entregó a un posible cliente.

 La Ley 173 de 1988 sobre la práctica de la ingeniería prohíbe el uso de la palabra “ingeniero” al lado del nombre de una empresa, si sus directivos no son profesionales licenciados.

Además, en un contrato que firma con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el exalcalde se presenta como “ingeniero, mayor de edad, casado y vecino de Trujillo Alto”.

 Por una actuación similar, el Departamento de Justicia investiga al senador novoprogresista Roger Iglesias por presunto fraude, luego de que el CIAPR encontrara evidencia de que el legislador cometió delito al firmar documentos haciéndose pasar como ingeniero, sin serlo.

Los contratos de la empresa que dirige Rivera Díaz cobran relevancia ya que su hijo, el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, se ha negado a dar paso a una investigación ética contra Iglesias,  fundador de una compañía que realizó trabajos de ingeniería sin tener la autoridad legal para ello. 

Al frente de esa empresa, Engineering & Communication Group (E&C Group),  están las hijas de Iglesias, a quien el legislador les cedió la compañía justo después de jurar como senador por el distrito de Carolina, en sustitución del convicto exlegislador Héctor Martínez.

Sin embargo, fue después de que Iglesias asumiera el escaño  en junio de 2011 que los contratos de E&C Group crecieron como la espuma, al aumentar su monto en un 500% al compararlo con los contratos  que había tenido.

Imita al senador Iglesias

Al igual que la empresa fundada por Iglesias, JRD Consultant mantiene contratos de inspección de proyectos de construcción en violación de la Ley 173. Dicho estatuto establece que la inspección de proyectos de construcción es considerada como práctica de la ingeniería y solo puede ser realizada por ingenieros licenciados individuales o por una corporación profesional cuya directiva toda debe estar compuesta por profesionales licenciados. 

Según los documentos de incorporación de la firma presentados ante el Departamento de Estado, JRD Consultant es una corporación regular.

 Rivera Díaz preside JRD Consultant desde su incorporación en 1997, de acuerdo con los expedientes de la empresa ante  Estado. Hasta el 2007, la junta directiva de la compañía estuvo compuesta por Rivera Díaz como presidente y sus hijas  Sylvia y Linda Rivera Schatz como tesorera y secretaria, respectivamente.

 En este momento, Rivera Díaz figura como presidente, tesorero y secretario de la junta de JRD Consultant, según los expedientes de Estado. 

No fue posible establecer la formación profesional de Sylvia y Linda Rivera Schatz, pero se supo que Sylvia trabajó hasta hace poco en un medio de comunicación y anteriormente ocupó un puesto de gerente hipotecario en una institución bancaria del país. 

 JRD Consultant fue incorporada  para ofrecer desde servicios de asesoría en comunicaciones hasta “la inspección de proyectos de construcción y preparación de planos”, según consta en los artículos de incorporación. Además,  ofrece la administración de proyectos de construcción y desarrollos de infraestructura, de acuerdo con el expediente.

Mina de oro en Guaynabo

 La investigación de este diario reveló que durante los pasados seis años JRD Consultant ha suscrito 15 contratos gubernamentales, que ascienden a $941,000, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor. De ese total, $770,000 corresponden a acuerdos para la inspección de obras de construcción.

La mayoría de estos contratos -13 en total-  han sido con el municipio de Guaynabo. Entre los  vigentes con ese ayuntamiento está uno para la “inspección del proyecto de construcción de encintados y aceras en los sectores Jorge García, Las Flores, Carretera #834 y Greenville”, el cual asciende a $180,000, según la copia del documento. Este  ha sido enmendado en dos ocasiones para aumentar su monto y extender su duración hasta abril de 2012.  

 La empresa de Rivera Díaz tiene, además, un contrato con ese municipio para inspeccionar y administrar la construcción de las nuevas instalaciones de la Liga Atlética en esa ciudad por $198,000. Este vence en junio del 2012. 

Este diario visitó la obra y confirmó que JRD Consultant es el inspector de la construcción que realiza la firma Miguelito Asphalt. Wanda Medrano, ayudante del inspector a cargo, dijo no estar autorizada a dar información sobre el estatus del proyecto, más allá de indicar que según el contrato  debe estar listo para septiembre. 

Medrano, quien indicó que es arquitecta en entrenamiento, señaló que la inspección del proyecto está en manos del ingeniero Narciso Nazario.  En los registros del CIAPR no hay ningún ingeniero licenciado con ese nombre. 

Aparece, sin embargo, Narciso Matos Nazario, exempleado de la Autoridad de Carreteras y de la Administración de Facilidades de Servicios de Salud (AFASS) en la década de 1990, que sí cumple con los requerimientos  para ejercer la ingeniería. 

JRD Consultant también tiene un contrato con el BGF para ofrecer asesoría en comunicaciones. La  propuesta de servicios profesionales que forma parte del contrato fue preparada por JRD Consultant/Media, Marketing and Public Relations Division y firmada por Sylvia Rivera Schatz como consultora de medios. 

Sylvia Rivera Schatz no aparece como licenciada por la Junta Reglamentadora de Relacionistas Públicos Profesionales. 

Crecimiento acelerado

La empresa JRD Consultant se creó en 1997 con un capital de $1,000 en acciones que aumentó a $3,500 en el 2000 y creció exponencialmente en el 2003, cuando logró ganancias por $79,285 y su valor neto subió a $165,189. 

Para el 2009, los ingresos netos de la firma ascendían a $179,740, pero sus activos -entre los que se encuentran el valor de sus propiedades- llegaron a alcanzar los $270,856, según sus informes financieros. 

 Mientras tanto, la empresa fundada por Iglesias, E&C Group, solicitó anteayer a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) la cancelación de los dos contratos -ascendentes a más de $400,000- que mantiene con esa instrumentalidad para la inspección de la construcción de dos escuelas en el distrito senatorial de Carolina.

Este diario visitó las oficinas de JRD Consultant en Trujillo Alto, pero la secretaria de Rivera Díaz, quien no quiso identificarse, dijo que el exalcalde no regresaría en lo que restaba del día. No obstante, indicó que le daría el mensaje para que se comunicara más tarde. 

Al cierre de esta edición, el exalcalde Rivera Díaz no se había comunicado con El Nuevo Día. 


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