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La posible tijera federal incluirá la eliminación a nivel federal del Programa de Desarrollo Comunitario de Vivienda (CDBG), que totaliza $3,000 millones en EE.UU. y  es particularmente importante para los municipios. (Archivo / AP)

WASHINGTON- Las proyecciones de lo que será el próximo presupuesto federal (2017-2018), cuyos fundamentos generales fueron enviados hoy por la Casa Blanca al Congreso, advierten que se avecinan recortes en programas sociales que pueden afectar adversamente a Puerto Rico.

Ahora que el gobierno de Ricardo Rosselló tiene un plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal que controla sus finanzas que impulsa recortes de cerca de $2,600 millones en tres años, los avances sobre el próximo presupuesto federal vislumbran retos adicionales.

Los detalles no se conocerán hasta mayo, pero el gobierno del presidente Donald Trump oficializó hoy un plan que elimina $54,000 millones en fondos discrecionales, con la idea de reasignarlos a los gastos militares, los que planifica aumentar en un 10%.

El Departamento de Vivienda federal (HUD) vería reducido su presupuesto en 13.2% o cerca de $6,000 millones. Solo en  programas de  HUD, los cálculos iniciales son que Puerto Rico –en medio de su grave crisis fiscal y de deuda pública–, se expone a  perder cerca de $50 millones, si la reducción de 13.2% afecta a todas las jurisdicciones por igual.

La posible tijera federal incluirá la eliminación a nivel federal del Programa de Desarrollo Comunitario de Vivienda (CDBG), que totaliza $3,000 millones en EE.UU. y  es particularmente importante para los municipios.

El secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, sostuvo que si se aplicara un 13.2% de recorte a los programas operacionales y los fondos de capital que recibe la Isla, que totalizan ahora $319 millones, la reducción sería de $42 millones anuales.

Y ese cálculo no incluye los cambios que puede haber en el programa sección 8, que ayuda a subsidiar la renta de  personas de pocos recursos económicos. Los fondos de sección 8 que administra el gobierno central suman unos $65.3 millones.

Por medio de las reservas de fondos federales, el secretario de la Vivienda  sostuvo que pudieran paliar parte de los recortes, pero estima que todavía necesitarían conseguir otros $20 millones para no afectar los servicios a ciudadanos que viven en 64,000 unidades de vivienda pública.

Aunque después de Nueva York, el gobierno de Puerto Rico es la segunda autoridad de vivienda pública federal más grande, Gil Enseñat dijo  que  sus residentes “están a merced” de 535 miembros del Congreso que “no conocen, nunca han estrechado su mano y por los cuales no han votado”.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sostuvo que prefiere esperar a mayo, cuando se conocerá el detalle específico de las asignaciones por departamentos y programas, para hacer un juicio formal.

“Por ahora es una reducción general”, indicó la comisionada González, al indicar que tuvo ayer la oportunidad de dialogar con el vicepresidente de EE.UU., Michael Pence, el tema del precipicio fiscal que causaría en el sistema de salud el agotamiento de los fondos de Medicaid que ha provisto Obamacare y que últimamente han rondado los $1,200 millones anuales.

El speaker Paul Ryan, por vez primera, abrió ayer la puerta a la posibilidad de cambios al proyecto que busca sustituir Obamacare. 

Y la posible intervención de Pence le hace pensar a la comisionada  González que -aunque Ryan prevé que  una medida para atender el abismo fiscal de salud deberá utilizar otro vehículo legislativo-, la última palabra sobre el contenido del proyecto de ley cameral que   unos llaman Trumpcare  y otros Ryancare no se ha dicho.

Bajo la reforma republicana del sistema de salud federal, la jefatura de la Cámara baja estadounidense  ya ha propuesto  darle tijera al programa de Medicaid, que se enfrentará a cambios en EE.UU.

Si, como hasta ahora, la extensión de los fondos de Medicaid para Puerto Rico queda fuera de la medida que elimina Obamacare,  la próxima batalla de la autoridades  y la industria de la salud de la Isla sería incluir los fondos en un ómnibus presupuestario que se quiere aprobar en abril.

EPA.En una sesión informativa  en la Casa Blanca, el director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB), Mick Mulvaney, confirmó ayer que habrá fuertes recortes en el presupuesto de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) y en el Departamento de Estado. En Estado la baja puede ser de un 28%, y en EPA de 31%.

El documento publicado hoy indica, además, que habrá recortes en los gastos discrecionales de los departamentos de Trabajo (21%), Salud (17.9%), Comercio (16%), Transportación (13%), Interior (12%), Energía (5.6%),  Tesoro (4.1%), Justicia (2.8%), la Administración de Pequeños Negocios (5%), y la NASA (0.8%).

Los aumentos en asignaciones que propone el presidente Trump, además de Defensa (10%), incluyen a Seguridad Interna (6.8% ), y Asuntos del Veterano (6%).

Las reducciones pueden suponer la reducción de empleos federales. Pero, Mulvaney sostuvo que los jefes de los departamentos tendrán mucha discreción a la hora de tomar las decisiones. “No puedes drenar el pantano y dejar a todo el mundo en él”, indicó Mulvaney.

Mulvaney advirtió que puede haber casos en que se reduzcan programas  para destinar sus fondos al plan de infraestructura que el presidente Trump propondrá al Congreso.  

El documento que envió hoy la Casa Blanca al Congreso permitirá conocer los porcentajes de reducción o aumento en el presupuesto de una oficina del gobierno federal. Pero, el impacto en cada programa o en los gobiernos estatales y locales no se tendrá hasta mayo, confirmó  Mulvaney.

“El escenario que se perfila no es un escenario bueno para Puerto Rico, que está más necesitado que nunca de fondos federales para cuadrar el presupuesto”, sostuvo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia.

Los lineamientos generales que se publicaron hoy  no incluyenlos fondos no discrecionales, que dependen de una fórmula o un mandato del Congreso.  En ese grupo de asignaciones obligadas por ley  se encuentran algunas de las principales asignaciones que recibe la Isla, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que han rondado los $1,900 millones anualmente, y el financiamiento a través del título 1 de Educación federal, que supone $400 millones anuales.


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