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Vista pública sobre la nueva Ley de Armas. (Luis Alcalá del Olmo)

Citando argumentos de seguridad pública y de impacto fiscal, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamentode Justicia consignaron esta mañana su tenaz oposición al proyecto que propone crear una nueva Ley de Armas en el inicio de las vistas públicas sobre la medida en la Cámara de Representantes.

“(El proyecto) trastoca significativamente el Estado de Derecho vigente, mediante la implementación de nuevos procedimientos relacionados a la expedición de licencias de armas, que más allá de mejorar el sistema actual, podría afectar el campo de seguridad pública”, lee parte de la ponencia del DSP, leída por la abogada Omara Arias y firmada por el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

El DSP fue punto por punto al analizar la medida. Por ejemplo, objeta la figura del agente gestor, que facultaría a personas privadas a entrar datos de solicitantes en bases de datos del Estado, donde tendrían acceso. “No favorecemos que se le elimine dicha facultad al gobierno y se le traspase a entidad y/o personas jurídicas privadas”, lee la ponencia.

También objeta que los armeros no tengan que cumplir con exigencias de leyes locales, critica que la media autorice la compra de pólvora sin tener la Licencia de Explosivos y sostiene que reconocer licencias de armas expedidas en cualquiera de los cincuenta estados “podría promover un mayor tráfico de armas en nuestra jurisdicción”.

El DSP también condena que, con la medida ya aprobada en el Senado, se pretenda impedir que la Policía tenga acceso a información contenida en el Registro Electrónico de Armas y Licencias para propósitos de investigaciones criminales.

Igualmente, el DSP denuncia que el proyecto limita la información que puede exigir la Policía a un solicitante de licencia de armas y que elimina el requisito actual de que el solicitante tenga que entregar un certificado negativo de antecedentes penales y una certificación negativa de deudas con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

“Si los policías realizan la investigación de campo -que queda eliminada con el proyecto- tienen sospecha que la personas trabaja para una organización criminal, no se debe coartar la capacidad que tenga el Negociado de la Policía para auscultar toda la información necesaria por razones de seguridad pública”, lee la ponencia.

“Nos resulta preocupante la parte que pretende reducir el término actual de 120 días a 10 días naturales para expedir la licencia de armas”, lee la ponencia.

Otros asuntos señalados por la Policía incluyen que la medida abre la puerta a la legalización de las armas larga, advirtió que, en la práctica, la Policía está impedida de investigar, como exige el proyecto, si un solicitante de licencia de armas ha sido ingresado involuntariamente en una institución.

El DSP y el Departamento de Justicia, además, alertaron que puede haber personas que no estén capacitadas mentalmente para portar un arma de fuego sin haber sido ingresado en una institución mental. 

El proyecto de ley de la autoría del senador Nelson Cruz Santiago tiene un impacto fiscal y esa característica es denunciada por el DSP, al igual que la facultad que se le retira a la Policía de revocar una licencia de armas al dejar esa responsabilidad únicamente en la rama judicial.

“No endosamos esa restricción al Comisionado (de la Policía)”, lee la ponencia.

En el caso de Justicia, también critica que se elimine la investigación de campo que ahora mismo realiza la Policía, que se elimine el requisito de que el solicitante de la licencia de armas tenga que declarar que cumple con las leyes fiscales y que tenga que entregar la certificación negativa de ASUME. Además, advierte que tal y como está redactado el proyecto, las autoridades locales no podrán rechazar solicitudes de licencias a individuos que cometan delitos fuera de Estados Unidos.

“Se pretende establecer un proceso de otorgamiento de licencia de armas más flexible, en el cual se eliminan ciertos requerimientos vigentes, de manera que los ciudadanos puedan adquirir y portar sobre su persona armas de fuego de forma ilimitada. Nos preocupa que la propuesta guarde silencio en torno al historial violento de un peticionario”, lee la ponencia de Justicia, firmada por la secretaria Wanda Vázquez y leída por la fiscal Elba Cruz.

Justicia insistió en que se mantengan la vista judicial como requisito para que un individuo pueda solicitar con éxito una licencia de portación de armas. También criticó, como lo hizo el DSP, que se deje sólo en manos de la rama judicial la facultad de revocar una licencia de armas.

“Nuestra mayor preocupación es lo laxo y permisivo que resulta ser lo propuesto, máxime cuando se trata de armas mortíferas”, indicó Cruz.


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