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Los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez (arriba) y Thomas Rivera Schatz, tuvieron una reunión anoche con el gobernador en La Fortaleza. (semisquare-x3)
Los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez (arriba) y Thomas Rivera Schatz, tuvieron una reunión anoche con el gobernador en La Fortaleza. (Juan Luis Martínez Pérez)

El aval de la Legislatura a la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) dependerá de que el Ejecutivo provea una alternativa que represente un resguardo para los empleados del sector privado, señalaron ayer los líderes del Senado y la Cámara de Representantes.

“Yo no tengo nada nuevo que añadir. El Senado de Puerto Rico tiene una preocupación con el hecho de derogar la Ley 80 y dejar en el total desamparo a los empleados del sector privado. Hemos dicho -desde el principio- que nosotros no estamos cerrados a escuchar alternativas. Pero la alternativa tiene que ser una razonable, que no deje desprovisto al trabajador de la empresa privada de algunos derechos que le asisten en este momento”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al llegar anoche a La Fortaleza, donde se reuniría con el gobernador Ricardo Rosselló.

En el encuentro, del que participó también el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, se discutirían esas posibles alternativas ante la realidad de que en la Cámara no se cuentan con los 26 votos necesarios para aprobar la medida de administración que derogaría por completo la Ley 80.

Tampoco cuentan con el aval mayoritario para bajar a votación la versión aprobada por el Senado que elimina la aplicación de la Ley 80 de forma prospectiva.

Al cierre de esta edición la reunión no había culminado.

El presidente de la Cámara no hizo expresiones al llegar al Palacio de Santa Catalina, pero temprano en el día informó el inicio de conversaciones con el Ejecutivo dirigidas a la aprobación de una medida diferente a la radicada por la administración.

“Hay posibilidad de que se apruebe esa versión (la del Senado), como puede que se apruebe una versión totalmente diferente a lo que fue sometido por el gobernador y aprobada por el Senado”, dijo el presidente cameral.

Méndez no quiso entrar en los detalles de esos intercambios que habían iniciado con el Ejecutivo, así como tampoco indicó el número específico de representantes que están en contra de la eliminación del estatuto, aunque reconoció que son “bastantes”.

Ayer, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes tuvo una reunión en la cual se discutió la posible derogación de la Ley 80. El Nuevo Día supo que faltan nueve de los 26 votos necesarios para aprobar la medida.

“No voy a hablar de cuáles son los posibles cambios, porque eso es algo que todavía se está discutiendo y yo quiero darle total deferencia al compañero presidente del Senado y al señor gobernador”, sostuvo Méndez.

Rivera Schatz, por su parte, reiteró que la postura del Senado no ha cambiado.

La derogación de la Ley 80 es la exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al gobernador tras llegar a un acuerdo para la presentación del presupuesto del próximo año fiscal. La JSF y el gobernador acordaron derogar el estatuto a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, pero solo durante la vida del plan fiscal a cinco años, el bono de Navidad y las licencias mínimas pagadas de vacaciones y enfermedad para los empleados.

Preguntado sobre si La Fortaleza le ha presentado alguna alternativa a la Legislatura, Rivera Schatz tampoco entró en detalles y se limitó a responder que “se han discutido múltiples escenarios”.

“Nosotros no estamos cerrados. Siempre y cuando haya una garantía de una protección para el trabajador en la empresa privada. No puede ser el dejarlo desamparados sin ninguna explicación”, afirmó.

Otras discusiones

La discusión de otras medidas fiscales -como el presupuesto, la reforma contributiva y el Código de Incentivos- sigue en el proceso de vistas públicas en la Legislatura, aunque los líderes legislativos no han garantizado su aprobación en esta sesión.

En las vistas del Senado, los sectores agrícola y turístico han expresado preocupación por la reducción o eliminación de sus respectivos incentivos.

“Se lo hemos informado al Ejecutivo, la posibilidad de que no se apruebe ni el Código de Incentivos ni la Reforma Contributiva y estamos hablando de que posiblemente haya una sesión extraordinaria en las primeras dos semanas de julio. Hace falta mucha información que no ha sido suministrada o una data que nosotros necesitamos para aquilatar lo que el Ejecutivo nos está enviando”, subrayó Méndez.

Durante la evaluación del nuevo Código de Incentivos, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio Soto, mostró reparos con el documento presentado por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy.

Soto rechazó la permanencia de los incentivos contenidos en la Ley 14-2017 para promover la retención y el retorno de los médicos sin que se atiendan otras áreas de mayor prioridad para la clase profesional; y mostró reparos con el nivel de facultad y poderes que recaen en la figura del secretario del DDEC bajo el nuevo modelo.

“Tenemos que mirar esto, sí, con premura, pero no voy a estar corriendo ni voy a poner a mis compañeros en una posición de votarle a favor o en contra a una medida sin los elementos de juicio”, sostuvo Soto.


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