El presidente del PPD, Héctor Ferrer, confía que se pueda identificar “el modelo correcto para Puerto Rico”. (semisquare-x3)
El presidente del PPD, Héctor Ferrer, confía que se pueda identificar “el modelo correcto para Puerto Rico”. (Teresa Canino )

Washington - A dos años de la ley Promesa, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, considera aún posible lograr un “modelo hecho para Puerto Rico” mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos tenga la “voluntad política” para no interferir con el gobierno de la isla en el futuro.

De cara a la conmemoración de los 66 años de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), que coincide con el aniversario 120 de la invasión estadounidense, Ferrer hablará el miércoles, en Caguas, a su militancia sobre la encrucijada en que se encuentra Puerto Rico.

En medio de la crisis fiscal y de deuda pública, el Congreso y los tribunales estadounidenses han profundizado la relación territorial de la isla.

“Para nosotros, es un proceso de negociación, de qué dentro de la relación se puede dar… enmiendas a las leyes federales, una mayor participación en el Congreso, para algunos, la eliminación de la Ley de Cabotaje”, dijo Ferrer, un exrepresentante a la Cámara, en medio de reuniones que tuvo la semana pasada con miembros del Congreso.

Ferrer viajó a la capital federal acompañado por el exsenador Roberto Prats; el responsable de los Asuntos Federales en el PPD, José Alfredo Hernández Mayoral; y el abogado Luis Balbino Arroyo.

El líder de la colectividad sostuvo que, en sus reuniones, encontró que en el Congreso piensan en tres posibles alternativas para la isla: estadidad, independencia y el ELA.

Ello, pese a los más recientes plebiscitos locales, en los que la fórmula de la estadidad ha resultado favorecida por los votantes

“La libre asociación la ven como parte de la independencia”, indicó, alejándose de una propuesta que, con diferentes tonos y acentos, defienden otras voces en el PPD, como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Ferrer no identificó a los miembros del Congreso con los que se reunieron entre miércoles y jueves, pero las visitas incluyeron a la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Cuando el liderato del PPD viaja a Washington D.C., sus reuniones suelen incluir también al senador republicano Roger Wicker (Misisipi) y a la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York).

Un modelo viable

Ferrer ve posible desarrollar junto al Congreso “un modelo que sea viable para el pueblo de Puerto Rico, dentro de lo que es el concepto del ELA”, que insiste está basado en la “unión permanente”, la “ciudadanía estadounidense” y la identidad puertorriqueña, entre otras cosas.

“Lo importante de todas estas reuniones es que hablamos de futuras conversaciones para buscar cómo se desarrolla el ELA”, afirmó.

Con la ley Promesa, el Congreso creó, el 30 de junio de 2016, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico y un sistema judicial territorial para reestructurar la deuda pública de más de $70,000 millones.

Bajo ese organismo, que pasa por encima de la Constitución del ELA, la JSF -que puede existir por lo menos hasta 2026 y está basada en el actual status territorial- toma las decisiones finales sobre planes fiscales y los presupuestos anuales del gobierno de la isla.

Al mismo tiempo que se aprobaba Promesa, el Tribunal Supremo de EE.UU. -en el caso Pueblo de Puerto Rico versus Sánchez Valle-, reafirmó el 9 de junio de 2016 que la fuente de poder de Puerto Rico radica en el Congreso, y comparó la autonomía que tiene la isla con la que simplemente tiene una ciudad frente a un estado.

En su primera interpretación fundamental sobre Promesa y la JSF, aunque no sienta precedente, la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del proceso judicial de bancarrota territorial, afirmó, por su parte, que “el Congreso ha ejercido durante mucho tiempo su poder plenario del Artículo IV (de la Constitución estadounidense) para estructurar y definir entidades gubernamentales para la isla”.

Ante el poder del Congreso para dar y quitar facultades al gobierno local, más el hecho de que un Congreso no compromete a otro, Ferrer sostuvo que “eso tiene que ser atendido, para que la relación sea digna”.

Para complicar más el debate jurídico, Ferrer también mantiene el discurso de que el PPD -que se distancia de la libre asociación-, aspira a una relación fuera de los poderes plenarios que la cláusula para territorios de la Constitución de EE.UU le otorga al Congreso sobre la isla.

Según Ferrer, “la estadidad en el Congreso está muerta”, aunque la comisionada residente Jenniffer González “presente cinco proyectos”, “y la independencia, el país no la quiere”.

Al asegurar que el Congreso “no está dispuesto a dar la estadidad ni la independencia”, Ferrer confió en que se encontrará “el modelo correcto para Puerto Rico”.


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