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El pasado 6 de febrero, el juez Besosa, del Tribunal Federal de San Juan, determinó que la Ley de Quiebras federal ocupó el campo e impide a Puerto Rico legislar su propio estatuto. (Archivo)

WASHINGTON – El gobierno de Puerto Rico está confiado en que un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones federales ha entendido su reclamo de que el Congreso, en vez de ocupar el campo, como decidió el juez de distrito Francisco Besosa, dejó abierta la posibilidad de que la Isla legislara su propia ley de quiebras.

En una audiencia celebrada en la sede del foro judicial de Boston, los representantes de gobierno de Puerto Rico defendieron la ley 71 de 2014 e insistieron en que por haber sido excluido del capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, la Legislatura de Puerto Rico puede ordenar el marco jurídico bajo el cual sus corporaciones públicas deben reestructurar su deuda.

“No hay ningún indicio en el historial legislativo (del capítulo 9) de que el Congreso pretendió evitar que Puerto Rico pudiera legislar a nivel local”, indicó la procuradora general Margarita Mercado Echegaray, quien asistió a la audiencia oral del caso, que se extendió por alrededor de una hora.

El pasado 6 de febrero, el juez Besosa, del Tribunal Federal de San Juan, determinó que la Ley de Quiebras federal ocupó el campo e impide a Puerto Rico legislar su propio estatuto. En ese sentido, ordenó al gobierno no poner en vigor la Ley 71 de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

Hoy, el Primer Circuito de Apelaciones escuchó a las partes del caso, tras la revisión solicitada por el gobierno de Puerto Rico.

La participación del gobierno de Puerto Rico estuvo en manos de los abogados Christopher Landau y Martin Bienenstock. Landau representó al gobernador Alejandro García Padilla y al secretario de Justicia César Miranda. Bienenstock es abogado del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Por las firmas de inversiones que han cuestionado con éxito la legislación local, Blue Mountain y Franklin California Tax Free Trust, los abogados serían Matthew McGill y Thomas Mayer, respectivamente.

Como amigos de la corte, en respaldo al gobierno, asistiría el representante legal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lewis J. Liman. En apoyo a los demandantes, mientras, participaría el abogado Marc Kasowitz, de la Asociación de Seguros de Garantía Financiera.

Para este caso, el panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Boston – que revisa las decisiones del Tribunal Federal de San Juan -, está integrado por el puertorriqueño Juan Torruella, la jueza presidenta Sandra Lynch y el juez Jeffrey Howard.

Torruella fue el más activo en la sesión, según la procuradora Mercado Echegaray.

En estos momentos, el Congreso tiene pendiente una legislación del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi - presentada en la Cámara de Representantes y que lleva el número 870 -, que permitiría a empresas públicas de Puerto Rico acogerse al mecanismo del capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal en caso de insolvencia.

Mercado Echegaray indicó que los jueces reconocieron la urgencia del caso y confió en que la decisión del panel de apelaciones se produzca dentro de un período de dos meses.


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