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La jueza presidenta Maite D. Oronoz y el juez asociado Ángel Colón emitieron una opinión disidente en parte y concurrente en parte. (GFR Media)

El Partido Popular Democrático (PPD) sufrió hoy otra derrota luego que el Tribunal Supremo validara la determinación de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez, la cual le negó a la colectividad dos escaños adicionales en el Senado al amparo de la llamada Ley de Minorías.

Lee aquí la sentencia del Tribunal Supremo en caso de Ley de Minorías

“Luego de examinar detenidamente los alegatos de las partes, procede confirmación de la resolución emitida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, lee la sentencia.

Apoyado en esta disposición, el PPD, a través del comisionado electoral Guillermo San Antonio Acha, alegaba que los escaños de los senadores por acumulación José Vargas Vidot y Juan Dalmau Ramírez no pueden tomarse en cuenta para establecer el tamaño de la delegación del PPD en la Cámara alta.

Los jueces asociados Erick V. Kolthoff, Edgardo Rivera García y Luis F. Estrella emitieron opiniones de conformidad. La juez asociada Anabelle Rodríguez emitió una opinión concurrente, al igual que el juez Rafael. L. Martínez, a quien se unió el juez asociado Roberto Feliberti.

Mientras, la jueza presidenta Maite D. Oronoz y el juez asociado Ángel Colón emitieron una opinión disidente y concurrente en parte.

“El juez asociado señor Feliberti Cintrón concurre la sentencia emitida por este tribunal, pero no está de acuerdo con que este asunto haya sido resuelto por medio de una sentencia y no mediante una opinión”, sostuvo el letrado, según consta en el documento.

Por su parte, el saliente  presidente del Senado por el PPD, Eduardo Bhatia, rechazó la decisión del máximo foro judicial.

“La sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico no me sorprende de su faz. Sus actos y la mayoría que endosa la sentencia hablan por sí solos. Sí es revelador que el Tribunal Supremo no revocara a la Comisión Estatal de Elecciones. La letra de la Constitución es clara y dispone que no puede haber menos de 9 senadores de partidos de minoría en el Senado. Actualmente somos siete senadores del Partido Popular Democrático y un senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El senador Vargas Vidot no pertenece a partido político alguno. Asignarle a Vargas Vidot esa clasificación desmerece su movimiento, la voluntad del pueblo y el texto de la Constitución”, expresó en declaraciones escritas.

En una resolución del 30 de noviembre, García Vélez rechazó la solicitud de tres candidatos al Senado, que intentaban ocupar dos escaños reclamando el principio de protección de los partidos minoritarios consagrado en la Sección 7 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico.

Juan Pablo Hernández y Ángel Rodríguez Otero, candidatos a senadores por el distrito de Guayama, y Ramón Ruiz Nieves, aspirante por el distrito de Ponce, fueron los que presentaron el recurso ante la CEE en busca de un escaño a través del principio de minorías.

Al adjudicar la controversia, la presidenta de la CEE concluyó que los senadores José Vargas Vidot y Juan Dalmau Ramírez formaban parte de la “minoría”, y que sus escaños debían contarse como parte de las nueve posiciones que garantiza la disposición constitucional que protege a los partidos minoritarios.

Sin embargo, San Antonio Acha rechazó el análisis de la CEE. Aseguró que esta disposición constitucional solo aplica a partidos y no a candidatos independientes.

Vargas Vidot, un candidato independiente y sin insignia, se alzó con 157,793 votos para ocupar el primer puesto de los candidatos por acumulación. Dalmau Ramírez ocupó el tercer lugar con 130,583 votos, pero el PIP perdió su franquicia al no recibir el 3% de los sufragios que necesitaba la colectividad para quedar inscrita.

Al activarse la Ley de Minorías, la CEE certificó a los senadores no electos José Nadal Power, Miguel Pereira y Cirilo Tirado, que se suman a otros cuatro populares que fueron elegidos, así como a Vargas Vidot y Dalmau Ramírez, quienes completan los nueve legisladores estipulados por disposición constitucional.


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