La empresa de red de transporte mostró su oposición al Proyecto de la Cámara 1084 (horizontal-x3)
A juicio de Rodríguez, la estructura de la CSP aumenta las capas burocráticas, y dificulta el crecimiento de empresas de red de transporte como Uber.

Ampliar la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público (CSP) para que regule y fiscalice todos los servicios de transportación en la Isla podría desalentar el desarrollo económico, y aumentar los costos para los consumidores, advirtió ayer la empresa de red de transporte Uber.

Con ese argumento, Zoraida Rodríguez, representante de la compañía multinacional en Puerto Rico, se opuso al Proyecto de la Cámara 1084, que presentó el Ejecutivo para reestructurar la CSP, y darle facultad para reglamentar y fiscalizar los servicios de transporte, cuya jurisdicción hoy comparten diversas agencias.

A juicio de Rodríguez, la estructura de la CSP aumenta las capas burocráticas, y dificulta el crecimiento de empresas de red de transporte como Uber. Planteó que, en lugar de promover mayor regulación sobre la industria, el gobierno debería flexibilizar los requerimientos a todos los transportistas.

“Debemos preguntarnos si la sobrerregulación es el camino o si, por el contrario, deberíamos buscar remover restricciones como las que hoy impiden la entrada de vehículos de empresas de red de transporte a los aeropuertos y hoteles”, argumentó.

Rodríguez se mostró satisfecha con la manera en que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha implementado los estatutos que regulan la empresa, y cuestionó las razones por las que se pretende alterar el ordenamiento vigente. “Por casi un año, la operación de Uber y sus socios conductores ha funcionado de forma eficiente, segura y satisfactoria bajo el reglamento actual. Aumentar la reglamentación para Uber, sus socios conductores y otras empresas de red de transporte es una solución a un problema inexistente, y afectaría el impacto económico que hemos generado”, aseveró.

La portavoz de Uber dijo que, hasta el momento, la empresa cuenta con más de 4,000 socios conductores, y que para el 40% de esas personas, lo que generan con el servicio de transporte representa su único ingreso. Estimó que, durante los próximos cuatro años, se podrían generar 14,000 oportunidades de empleo adicionales.

De otra parte, la empresa Aerostar  Airport Holdings, que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, no entró en los méritos de la medida bajo evaluación, pero advirtió que cualquier legislación que se adopte debe tomar en cuenta la importancia de la transportación turística para el desarrollo económico del país.


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