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José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Unos 15 alcaldes y 18 legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) presentaron hoy, miércoles, una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal.

Este recurso legal es la opción que decidieron tomar los representantes luego de que la jueza Judith Gail Dein les denegara el pasado viernes una moción para intervenir en la demanda adversativa presentada por los presidentes de la Cámara y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, contra la Junta.

Como adelantaron el lunes, se mantienen los mismos argumentos establecidos previamente que cuestionaban la constitucionalidad del ente fiscal federal, la intervención indebida en el proceso legislativo y la coacción para derogar la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80).

En el documento de 48 páginas radicado hoy se pide “una sentencia declaratoria en la que se establezca que las provisiones de nombramientos en Promesa están en violación de las cláusulas de nombramientos de la constitución federal”.

Esto, porque argumentan que los integrantes de la Junta deben ser confirmados bajo la Cláusula de nombramientos de la constitución.

"Aunque el Congreso tiene amplia discreción para crear oficiales federales para ejercer autoridad sobre los territorios, no lo puede hacer de manera tal que quite a la Oficina del Presidente de Estados Unidos de su autoridad constitucional de hacer esos nombramientos sin intervención legislativa más allá del asesoramiento del Senado”, indica el documento.

El representante Rafael “Tatito” Hernández, portavoz de la minoría en la Cámara, indicó en entrevista con endi.com que decidieron radicar un pleito nuevo luego del fallo de Dein.

Demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal by El Nuevo Día on Scribd

“Es ilegal la forma que fue nominada (la Junta)”, sostuvo.

En la introducción, los demandantes establecen que “el Congreso no puede crear entidades legales, como la Junta de Supervisión Fiscal, que operen fuera de la tradicional forma republicana de gobierno y los principios de la separación de poderes”.

De otro lado, como alternativa solicitan una sentencia declaratoria en la que se declare que la delegación de autoridad ejecutiva y legislativa a la Junta viola la separación de poderes. Otra alternativa sería una sentencia declaratoria que establezca que la autoridad ejercida sobre el presupuesto para cumplir con la política pública de ese organismo constituye una interferencia en la autonomía legislativa que está protegida a nivel federal.

“Aunque el Congreso le haya dado poderes sobre asuntos presupuestarios a la Junta, esta entidad no puede usar esos poderes para imponer su criterio de política pública intimidando a oficiales electos quienes son los que deben aprobar esos cambios en política”, lee la demanda.

Hernández destacó que la demanda estaba lista para ser radicada ayer, martes, pero que varios alcaldes llamaron para ser parte del pleito.

De igual forma confesó que “estamos listos para apelar” en el Primer Circuito de Boston si el fallo no es a favor de lo peticionado.

Los demandantes sonlos representantes Rafael Hernández Montañez, Ramón Cruz Burgos, Luis Vega Ramos, Manuel Natal Albelo, Breda López de Ararrás, Luis Raúl Torres Cruz,  Carlos Bianchi Angleró, Lydia Méndez Silva, José Díaz Collazo, Luis Ortiz Lugo, Jesús Santa Rodríguez, José Varela Fernández, Javier Aponte Dalmau, Roberto Rievra Ruiz y Ángel Matos. Mientras, los tres senadores son Miguel Pereira, Cirilo Tirado y Rossana López.

Los alcaldes demandantes son: José Santiago Rivera, Marcos Cruz Molina, Ramón Hernández Torres, Julia Nazario, Carlos Delgado Altieri, Isidro Negrón, Roberto Rampirez Kurtz, Ángel González, Jesús märquez, Heriberto Vélez, Carmen Maldonado, Oscar Santiago, Pedro García, Jorge González y Sergio Torres.


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