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José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Washington -  La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) volvió a presentar hoy el proyecto de ley que persigue llenar un hueco en la ley Promesa para combatir conflictos de intereses de empresas relacionadas a la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

Como a finales de la pasada sesión, el proyecto tiene el coauspicio del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), y de los republicanos Rob Bishop (Utah), Andy Biggs (Arizona) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

La legislación busca integrar al proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico las mismas normas en contra de conflictos de interese que aplican en otros procesos de quiebras.

La medida fue presentada después de denunciarse conflictos de la empresa McKinsey, principal asesora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de la Isla.

"¿Cómo puede alguien estar seguro de que esta Junta de Supervisión Fiscal está poniendo a la gente de Puerto Rico en primer lugar si los consultores involucrados en la reestructuración podrían beneficiarse de la forma en que se diseñó el plan fiscal?", cuestionó Velázquez, al indicar que “los mismos requisitos de divulgación que se aplican a una bancarrota en el continente también deben aplicarse a Puerto Rico".

La propuesta ordenaría a abogados, contables, consultores, agentes y otros profesionales contratados por la JSF a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de Estados Unidos sus conexiones con deudores, acreedores y empleados de la Junta, antes de poder ser compensado.

Si la declaración de la empresa consultora no se presenta o el Síndico determina que existe un conflicto de interés, la corte puede ordenar que no se le pague.

En septiembre pasado, el diario The New York Times divulgó que subsidiarias de la principal empresa asesora de la JSF, Mckinsey, tienen unos $20 millones en bonos del gobierno de Puerto Rico.

"Los consultores con grandes inversiones en Puerto Rico deberían tener que divulgarlos si trabajan para una Junta que va a decidir el futuro de la comunidad. Se trata de una laguna (en la ley Promesa) que no debería existir y debe cerrarse lo antes posible", indicó Grijalva.

Por su parte, el republicano Bishop, ahora portavoz de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, sostuvo que la legislación de Velázquez es “un buen primer paso en reconocer la necesidad de mejorar la transparencia en los caso de Título III de Promesa”.

"La gente de Puerto Rico debe conocer que la financiación que he trabajado incansablemente con los líderes del Congreso para la recuperación (de Puerto Rico) se utilizará solo para esa recuperación", afirmó, a su vez, la comisionada González.


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