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Acompañado por el liderato legislativo, el gobernador Alejandro García Padilla firmó hoy, martes, la Ley de Reforma del Sector Eléctrico de Puerto Rico.

El gobernador dijo que el proyecto, que reorganiza la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), establece el marco de acción bajo el cual la corporación pública debe ejecutar las iniciativas que maximicen el uso de fuentes renovables, conservación y eficiencia.

“Desde hoy la Autoridad de Energía Eléctrica tiene la obligación legal de atemperarse a los retos del Siglo 21, mientras permanece en manos del pueblo de Puerto Rico”, dijo el mandatario al firmar el estatuto acompañado del presidente del Senado, Eduardo Bhatia y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.

“Agradezco al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes por el compromiso demostrado durante este proceso, que nos ha permitido lograr un proyecto sólido que servirá de herramienta para continuar bajando el precio de la luz”, sostuvo García Padilla en declaraciones escritas.

Bhatia, en entrevista con periodistas en La Fortaleza, dijo que por primera vez habrá un sistema con métricas para fiscalizar a la AEE.

“Estoy bien contento con el proyecto de la fórmula de alivio energético que establece por primera vez una métrica de eficiencia energética. Se crea una oficina reglamentadora, unas fechas de cumplimiento y criterios de forma eficiente”, sostuvo el líder senatorial y agregó que "el apoyo del pueblo a la medida ha sido casi unánime".

Lupa a trasferencia millonaria

Sobre la reciente transferencia de $100 millones del fondo de mejoras capitales de la AEE al fondo general de la corporación pública, Bhatia dijo que la consideraba inusual y sostuvo que la transacción sería investigada por la comisión especial que investiga la compra de combustible.

El director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, quien también asistió a la ceremonia de firma de la ley, por su parte, justificó la transferencia de fondos y la calificó como un reembolso.

“Adelantamos lo que correspondía al mes porque necesitábamos el flujo de efectivo , pero no es una transferencia fuera de lo normal es un reembolso de una línea a otra”, dijo el funcionario, en declaraciones separadas a los medios de comunicación en la mansión ejecutiva.

Perelló, por su parte, dijo a periodistas que el proyecto de reforma deja en manos puertorriqueñas la industria energética. “Le pone al monopolio una comisión reguladora que por primera vez le pone una métrica”, puntualizó.

El líder cameral, además, opinó otras corporaciones públicas deben ser reestructuradas. “Hay corporaciones que no sólo tienen problemas para operar sino para pagar su deuda y el Banco Gubernamental de Fomento no puede prestar dinero a corporaciones que no pueden pagar”, dijo Perelló, quien no descartó unirse a la investigación que lleva a caboel Senado en torno a la producción de energía.

Revisión de tarifas en 180 días

La nueva ley energética ordena a la AEE iniciar un proceso de revisión de sus tarifas en un término de 180 días, a partir de hoy, martes. El proceso deberá concluir en seis meses.

En términos de las métricas, la reforma establece un término de tres años -prorrogable a 4 años-, a partir del 1 de julio de 2014, para que Puerto Rico comience a producir el 60% de su energía generada a base de combustibles fósiles de forma "altamente eficiente".

Se ordena además, que la AEE agilice y simplifique los trámites para la interconexión de proyectos solares distribuidos. Asimismo, requiere que la Autoridad se asegure de la integración del máximo posible de generación renovable distribuida.

Además, establece la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), que tendrá a su cargo desarrollar y actualizar, vía reglamento y dentro del marco establecido en esta ley, la política pública energética de Puerto Rico.

Conservación agresiva ordenada

Esta política pública incluirá planes agresivos de conservación y reducción en el consumo de energía eléctrica para todas las entidades públicas, incluyendo las tres ramas de gobierno, las corporaciones públicas y los municipios.

De igual forma, la ley crea la Comisión de Energía, que tendrá a su cargo regular la industria eléctrica, incluyendo a la AEE y el resto de sus componentes. Además, tendrá el poder de fiscalizar e investigar a la corporación pública y a los demás componentes; y adjudicar casos y controversias sobre los asuntos relacionados a la industria eléctrica, incluyendo sus servicios y el cumplimiento de la política pública energética.

También, el estatuto ordena la creación de la Oficina Independiente de Protección al Ciudadano, que tendrá el deber de educar, orientar, asistir y defender los intereses y derechos de los clientes de la AEE y de cualquiera otro de los componentes de la industria.

Además, la Administración de Energía será, a partir ahora, el sostén administrativo y operacional del resto del andamiaje regulatorio para fomentar la eficiencia en la gerencia gubernamental al centralizar sus servicios administrativos de apoyo, según la nueva ley.

El presupuesto para operar la administración de este nuevo organigrama provendrá de cargos reglamentarios a las compañías de servicio eléctrico que estén bajo la jurisdicción de la Comisión de Energía, dispone el estatuto.


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