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William Ramírez, director de la ACLU (horizontal-x3)
William Ramírez, director de la ACLU, puntualizó que el incidente fue dado a la luz pública porque un ciudadano lo grabó con su celular, lo cual es un derecho constitucional protegido. (Archivo / GFR Media)

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) le exigió al superintendente de la Policía, José L. Caldero López, que tome acciones contundentes tras hacerse público hoy un vídeo que registra abuso policíaco contra un indigente con discapacidad.

Los sucesos, que ocurrieron en el estacionamiento de la farmacia Walgreens de la Parada 18 en Santurce, fueron difundidos a través de las redes sociales a manera de denuncia y también fueron enviados a la cuenta de Twitter de la Policía.

“Las imágenes reflejan cómo, de manera injustificada, el oficial sacude y tira al suelo a esta persona de la silla de ruedas, aun cuando a todas luces no representaba ninguna amenaza para el policía, no había intención de arrestarla, y se ignora por completo el procedimiento constitucionalmente aceptado para la intervención con personas con discapacidades”, manifestó en declaraciones escritas el licenciado William Ramírez, director de la ACLU.

A su vez, le solicitó al superintendente que tome de inmediato las acciones disciplinarias y legales que procedan.

El superintendente Caldero López ya anunció que se inició una investigación administrativa sobre los sucesos y adelantó que el policía se expone a una suspensión sumaria de empleo.

Ramírez, a su vez, indicó que como parte del proceso de Reforma Sostenible de la Policía, se deben establecer protocolos claros que dirijan las actuaciones de los agentes para que adquieran las destrezas y mecanismos para atender a la población de personas con discapacidades y evitar que vuelvan a ocurrir incidentes como este.

También, el licenciado recordó que en el 2006 ACLU comenzó una investigación sobre el abuso policíaco a personas sin hogar, muchas de ellas con discapacidades, lo que dio inicio al proceso que culminó en el acuerdo de Reforma de la Policía en 2012 para obligar a la agencia a adoptar medidas para respetar los derechos civiles y humanos en todas las áreas de operación.

“Hoy vemos que a cuatro años de iniciado este proceso siguen ocurriendo incidentes lamentables e indignantes que precisamente motivaron la intervención de la Reforma” señaló Ramírez, quien urgió que se revisen nuevamente los protocolos de intervención de la Policía.

El abogado puntualizó que el incidente fue dado a la luz pública porque un ciudadano lo grabó con su celular, lo cual es un derecho constitucional protegido.

“Es importante que todas las personas conozcan que tienen el derecho de filmar desde sus teléfonos a oficiales cuando estos ejercen sus funciones en áreas públicas. Igualmente, ningún agente puede de ninguna manera obstaculizar esta práctica, que es útil para monitorear el comportamiento de los funcionarios del orden público”, agregó. 


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