El gobernador se manifestó durante un operativo policiaco que se realizó en San Juan, Bayamón y Carolina donde figuran varios arrestos de universitarios.

Agentes del Negociado de Drogas y Narcóticos de San Juan diligencian desde horas de la madrugada 31 órdenes de arresto por ventas de armas y drogas como parte de la “Operación Sin Fronteras”.

El operativo, que estaba basado en un total de 122 denuncias, impactó tres grupos: dos por tráfico de armas (113 denuncias) y otro por venta de sustancias controladas (nueve denuncias).

La venta de drogas -marihuana, en su mayoría, y anfetaminas- se llevaba a cabo en los alrededores de la Universidad Politécnica, en Hato Rey. Los imputados de las transacciones, que eran realizadas en horas del día, son siete estudiantes universitarios.

“La prueba que tenemos demuestra que todos son universitarios, estudiantes -en su mayoría- de la universidad donde, en las cercanías, se hicieron las transacciones”, explicó el fiscal Fernando Chalas, a cargo de esa redada, durante una conferencia de prensa en la Comandancia de Bayamón.

Chalas indicó que la investigación comenzó en febrero de este año. El caso fue llevado ante el juez Edgar Figueroa, quien encontró causa probable e impuso una fianza de $5,000 por cada una de estas denuncias, para un total de $45,000.

A eso de las 7:30 a.m., aún faltaban por arrestar dos imputados por venta de drogas.

Asimismo, la fiscal Leilani Vargas detalló que el Departamento de Justicia está procesando a un total de 25 personas a las que se les radicaron las 113 denuncias por ventas ilegales de armas.

En el área policiaca de Bayamón y San Juan los acusados presuntamente vendían las armas en centros comerciales, restaurantes de comida rápida, calles residenciales y negocios. Mientras que en Carolina fueron acusados por negociar con armas ilegales en urbanizaciones, comercios de bebidas alcohólicas, barrios y sectores de la jurisdicción.

Durante los allanamientos, la Policía incautó 67  armas (41 rifles, 25 pistolas y un revólver) y unas 2,500 municiones, así como 11 vehículos confiscados. 

“La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en unión a la Policía de Puerto Rico, no va a cesar en continuar procesando este tipo de casos. Estamos trabajando en la División de Crimen Organizado de Justicia”, mencionó Vargas.

En horas de la mañana, quedaban cinco de estos sospechosos por capturar. Los 33 imputados enfrentan una fianza global de más de $6 millones.

“Cuando ustedes ven esa cantidad de armas, piensen que cada una, potencialmente, puede haber matado o herido a cientos de personas. Lo que nosotros estamos haciendo es eliminando los instrumentos de los criminales para cometer sus delitos”, señaló el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

El funcionario destacó la labor de los agentes encubiertos que realizaron el operativo. “La operación que se llevó a cabo es extraordinaria. No tan solo pudimos ocupar las armas sino que no hubo ningún inconveniente que lamentar”, aseguró mientras dijo que se lograron obtener grabaciones de las transacciones.

Tanto Pesquera como el gobernador Ricardo Rosselló Nevares resaltaron los trabajos que está realizando el Negociado de la Policía, aun careciendo de fondos y recursos, y responsabilizaron a la Junta de Supervisión Fiscal por las limitaciones económicas. 

“Todavía tenemos mucho que hacer. Todavía tenemos muchos recursos que necesitamos. Todavía tenemos que buscar que la Junta nos dé el dinero que necesitamos y lo voy a seguir diciendo todas las veces que tenga el ‘chance”, criticó Pesquera.

“Este tipo de trabajo necesita esos recursos. Si esto es lo que podemos hacer con recursos limitados, imagina lo que podríamos hacer con más recursos. Podemos enviar un mensaje mucho más fuerte y el efecto que tiene eso en nuestra sociedad es incalculable. Reitero el pedido del secretario Pesquera. Sabemos que hay una situación fiscal, nos vamos a limitar a gastar lo necesario, pero en las áreas prioritarias como esta, para que puedan lanzar estos operativos efectivos”, añadió el gobernador durante la conferencia, en la que también estuvo presente el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera.

Según Rosselló, el operativo fue un trabajo en conjunto de la Policía y Justicia.

“Pueden ver que cuando se trabaja en equipo, aún con limitación de recursos podemos tener resultados. Y el mensaje es claro y directo hacia los tribunales, los narcotraficantes y el crimen organizado, de que no les vamos a dar tregua y vamos a batallar este tipo de actos para que todos los puertorriqueños puedan vivir en una isla segura, y podamos llamar a Puerto Rico un destino donde la gente se pueda sentir segura y confiada en la calle”, dijo.


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