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José Caldero. (GFR Media)

El Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José L. Caldero, expresó su apoyo al proyecto que busca actualizar la política pública relacionada a la intervención policíaca con personas por posesión de cannabis para uso personal en la capital.

Caldero compareció hoy ante las Comisiones de Gobierno y de lo Jurídico, de Seguridad y de Salud, Emergencias y Administración de Desastres, de la Legislatura Municipal de San Juan (LMSJ).

"La política pública implementada hace más de 40 años que prohíbe el uso y la venta de sustancias controladas, lejos de cumplir con la intención legislativa de rescatar y rehabilitar a personas adictas, ha tenido el efecto de convertir la reclusión carcelaria en el castigo preferido por nuestros tribunales de justicia", dijo.

En Puerto Rico en las últimas décadas el 62 por ciento de los asesinatos, ha estado ligado directa o indirectamente al trasiego de drogas, reveló.

Esto demuestra que las políticas públicas establecidas para tratar este mal social, requieren otra visión y enfoque para trabajar con este problema, opinó.

Es por esto que el municipio autónomo de San Juan estima que los recursos destinados a la protección y seguridad de sus ciudadanos estarían mejor servidos "si enfocáramos los esfuerzos de la Policía Municipal en la lucha y prevención de crímenes violentos", expresó.

También de la rama ejecutiva municipal compareció la Administradora de la Ciudad, Esperanza Ruiz, del Departamento de Salud Municipal, José Rabell, y de la Oficina de Asuntos Legales Francisco del Valle.

El proyecto de ordenanza 14, Serie 2018-2019 establece que la policía municipal de San Juan, referirá a la Policía estatal todo caso en donde una persona posea para consumo propio una onza o menos de cannabis, cualquiera de sus derivados o parafernalia, siempre que no exista venta.

Este fue presentado por el presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Antonio Rigau, junto a otros legisladores municipales.

"Lo ideal sería que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico haga lo que tiene que hacer, que es sencillamente despenalizar la posesión de cannabis. Nosotros no lo podemos hacer, si lo pudiéramos hacer lo haríamos. Cambiamos, una política pública a sugerencia de la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, y del Coronel, José L. Caldero López, en el sentido de que vamos a utilizar los recursos del municipio para atender los crímenes más importantes", dijo, por su parte, Rigau.

Las políticas basadas en la descriminalización son la rehabilitación, por lo que las penas suelen ser de carácter económico o social, por ejemplo, servicios a la comunidad o multas.

Esta es una alternativa a la privación de la libertad por delitos relacionados al cannabis, lo que ha ayudado en muchos países a aliviar el sistema judicial y penitenciario y a reducir las tasas de criminalidad, según establece el proyecto.

Este proyecto se llevará a votación y se espera sea aprobado mañana jueves durante la Sesión Ordinaria de la legislatura de la capital.


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