El oficial que trabajaba en la rama investigativa de la carcel federal de Guaynabo fue asesinado en la noche del 26 de febrero. (horizontal-x3)
El oficial que trabajaba en la rama investigativa de la carcel federal de Guaynabo fue asesinado en la noche del 26 de febrero. (Alex Figueroa Cancel)

Un gran jurado encontró hoy, jueves, culpable a Oscar Martínez Hernández, alias Cali, por el asesinato de Osvaldo Albarati Casañas, oficial de custodia de la prisión federal.

La sentencia será el 22 de enero. Los delitos que se le imputan a Martínez Hernández, quien ya estaba confinado, conllevaban a cadena perpetua mandatoria. Se le encontró culpable por asesinar a un oficial federal, asesinar por encargo, conspiración y armas.

En total, nueve personas fueron acusadas por la conspiración para cometer el crimen en el expreso José de Diego, a la altura del centro comercial Río Hondo, en Bayamón.

Los otros acusados son Ángel "Api" Ramos Cruz; Miguel "Bolo" Díaz Rivera; Juan "El Manco" Quiñones Meléndez; Orlando "Yogui" Mojica Rodríguez; Jayson "Gonzo" Rodríguez González; Carlos "Cano" Rosado Rosado; Alexander "Coquí" Rosario de León; y Jancarlos "Jan" Velázquez Vázquez.

De acuerdo con la investigación, Martínez Hernández pudo coordinar el crimen desde adentro de la cárcel federal en Guaynabo al avisar a otros compañeros de celda que Albarati Casañas salió del trabajo. 

Albarati Casañas fue asesinado la noche del 26 de febrero de 2013 cuando terminó su turno de trabajo en el  Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés) en Guaynabo. Un grupo de gatilleros lo persiguió y le quitó la vida.

El asesinato de un oficial del gobierno es un crimen que se puede castigar con la pena de muerte, cárcel de por vida o cárcel por un tiempo determinado.

Al anunciar la acusación, la jefa de la fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez indicó que la finalidad del asesinato era detener las investigaciones que Albarati Casañas llevaba a cabo en la cárcel federal sobre contrabando de teléfonos celulares.

En la prisión se han pagado hasta $14,000 por un solo aparato, según información recopilada por el Negociado Federal de Prisiones.

Martínez Hernández estaba ya en la cárcel por cargos de narcotráfico, de los cuales él mismo se declaró culpable. Cuando lo capturaron, llevaba 12 años prófugo. 

Este caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en colaboración con el Departamento de Justicia federal, la Oficina del Inspector General, el Negociado de Prisiones, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan, entre otras entidades.


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