El secretario de Seguridad Pública asegura que el oficial llevó un acto de insubordinación.

El Frente Unido Policías Organizado (FUPO) adelantó que buscará impugnar el traslado de un piloto de la Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) por supuestamente negarse a hacer un vuelo en helicóptero a Vieques, donde estaba la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez.

La naturaleza de la orden del viaje está en el centro de la disputa entre la administración de la Policía y el piloto trasladado, José Almodóvar Estrada, un piloto con 28 años de experiencia que fue trasladado al distrito de Morovis.

El presidente de la FUPO, Diego Figueroa, indicó que el piloto actuó correctamente al informar que no haría el viaje porque las regulaciones federales impiden el transporte de civiles sin autorización en aeronaves públicas.

“Eso fue una orden ilegal”, sostuvo Figueroa. “Él no podía montar a civiles en el helicóptero de FURA y la Policía lo sabe, porque es contrario a las leyes federales y, si lo hace, se expone a penalidades y a perder su licencia de piloto”.

Pérez estuvo más de siete horas en Vieques, después de que manifestantes impidieran que saliera en la lancha de la ATM, en reclamo por atención a los problemas que enfrenta ese servicio.

Mientras, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, y el comisionado de la Policía, Henry Escalera, defendieron el traslado asegurando que respondió a un acto de “insubordinación” de parte del piloto, pues la orden era legal.

La Policía reacciona sobre el traslado de un piloto de FURA por negarse a transportar a la jefa de ATM

La Policía reacciona a represalia de un piloto de FURA por negarse a transportar a la jefa de la ATM.

Posted by El Nuevo Día on Wednesday, October 2, 2019

Román dijo que el viaje no era solo para transportar a Pérez, sino que consistía, inicialmente, en trasladar a personal especializado a Vieques, particularmente negociadores y de SWAT.

Aseguró que la movilización de ese personal respondía a que supuestamente Pérez era víctima de restricción de libertad.

“Era una situación de emergencia. Había una manifestación que se estaba tornando violenta y había funcionarios por rehenes”, sostuvo Román.

Dijo que el personal luego sí fue enviado a Vieques en un vuelo con otro piloto, pero que después no fue utilizado porque supuestamente Pérez pudo salir tras una negociación con los manifestantes.

Pérez y otros cinco funcionarios fueron transportados a la Isla Grande en una lancha de FURA.

Por su parte, Escalera señaló que si las circunstancias lo permiten, se puede transportar a civiles en los helicópteros de FURA.

“Era una emergencia… si hay un rescate de un niño, ¿no lo puedo montar porque es un helicóptero público?”, planteó Escalera.

Román y Escalera insistieron manejar la situación como una emergencia se justificaba porque se constituyeron los elementos de restricción de la libertad para Pérez y los demás funcionarios.

Incluso, Escalera dijo “se está investigando” la posibilidad de radicación de cargos.

“Son varias leyes”, abundó Román. “Hay interferencia con el comercio interestatal”.

Román añadió que ya le notificó al director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés), Douglas Leff, para que determine si puede intervenir en el caso.

En relación al traslado, ambos funcionarios señalaron que el traslado se realizó al área donde reside para que no le resulte “oneroso” mientras se continua cualquier proceso administrativo.

Para el presidente de FUPO, el proceso sí es oneroso para el oficial trasladado, porque al no trabajar como piloto recibe menos beneficios.

“Claro que va a cobrar menos”, mantuvo Figueroa.

Almodóvar Estrada tiene 30 días para someter una apelación, en un proceso que para Figueroa se trata “del cuco de todo policía, porque se tardan años en atenderlo y resolverlo. Y es un proceso bien oneroso”.

“Por eso estamos evaluando diferentes escenarios. Uno sería apelar, pero para que esto se vea de forma expedita y tenga la atención justa, podemos someter un interdicto para una orden de mandamus”, dijo Figueroa.

“Nuestra alegación, no de él (Almodóvar Estrada) es que (en la Policía) trataron de encubrir violar la ley federal diciendo: ‘llévame para allá a un escuadrón de policías con gases lacrimógenos y van y nos la recogen (a Pérez). Eso es ilegal. Están inventando un secuestro que no existe”, dijo.

Por lo pronto, indicó que el oficial se reportó a la comandancia de Arecibo, que tiene en su región a Morovis, para ponerse a la disposición de la instrucciones que le correspondan.

Más temprano hoy, legisladores cuestionaron el traslado en expresiones públicas.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó en su cuenta de Twitter que la alta oficialidad de la Uniformada tenía que ofrecer una explicación publica de “este lamentable y extraño incidente”.

De lo contrario, “el Senado de Puerto Rico la procurará en una vista publica”.

A su vez, el representante popular, Jesús Manuel Ortiz, reclamó la renuncia de Escalera.


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