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Foto de una ceremonia de ascenso a Policías de Puerto Rico en la Academia de Justicia Criminal la Policía, de Gurabo. (GFR Media)

El gobierno de Puerto Rico le informó ayer al Tribunal Federal que ha comenzado a buscar la información necesaria para determinar si es viable privatizar la Academia del Negociado de la Policía.

La movida fue informada en una moción sometida ayer, un día antes de que se reanuden las vistas de la Reforma de la Policía en el Tribunal Federal de San Juan, ante el juez Gustavo Gelpí.

El gobierno indicó que “actualmente estamos en una fase de recoger información para evaluar la viabilidad de una propuesta no solicitada de una Alianza Público Privada para operar la Academia”.

Agregó que, más aún, el gobierno “ha comenzado a recoger información para poder ver si esa propuesta está alineada con los requisitos de operar la Academia antes de decidir si comienza un proceso de RFP (solicitud de propuestas)”.

Señaló que el proceso está en un estado de “embrión”, por lo que el gobierno no ha comenzado a evaluar aún si la propuesta es viable.

La moción indica que el gobierno había informado al tribunal en diciembre pasado que recibió la “propuesta no solicitada” para privatizar la operación de la academia, pero que al momento no tenía intención de hacerlo.

También recuerda que el acuerdo firmado con el gobierno federal que dio paso a la Reforma de la Policía permite que una institución privada opere la Academia “siempre que la institución cumpla” con las disposiciones de la misma.

El tribunal ordenó al gobierno estatal que mensualmente informara el estado de situación al respecto. No hubo cambios hasta ayer.

La moción de ayer no indica cuál es la institución. Sin embargo, la orden de Gelpí, del 4 de diciembre pasado, indica que “el tribunal está al tanto de una propuesta ante el banco de desarrollo del gobierno por la Universidad Ana G. Méndez”.

Gelpí basó la orden para notificar de informar mensualmente de los planes en que los planes de privatizar la Academia “pudieran tener lugar en el 2018”.

“Esta información no solamente es esencial para la corte, sino también para el US DOJ (Departamento de Justicia federal) y el TCA (monitor de la Policía Arnaldo Claudio) para evaluar la continuidad en el cumplimiento con el Acuerdo (de la Reforma)”, indicó Gelpí.


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