La jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, dio detalles de los arrestos durante una conferencia de prensa. (GFR Media) (semisquare-x3)
La jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, dio detalles de los arrestos durante una conferencia de prensa. (GFR Media)

Un gran jurado emitió la semana pasada siete acusaciones contra 11 personas por fraude contra el Seguro Social, incluyendo asistencia recibida luego de los efectos provocados por los huracanes Irma y María.

Rosa Emilia Rodríguez, jefa de la Fiscalía Federal, anunció hoy en conferencia de prensa que este es uno de los primeros casos de fraude que han investigado relacionado a estos huracanes. Las pérdidas relacionadas ascienden a $728,000, informó Rodríguez sobre el operativo de arrestos ocurridos esta mañana.

"(Casos de) personas que usan deambulantes (para cometer fraude) y casos de huracanes (como estos), donde hubo tanto sufrimiento, no deben (ocurrir ni) haber fraude", dijo Rodríguez.

En solo uno de los casos se identificó la participación de un psiquiatra. En el resto, no hubo evidencia de médicos que hayan participado, se indicó.

Los 11 acusados fueron identificados como:  Evelyn Morales-Calderón y su hijo, Victor Soriano-Morales recibieron $190,110.00; Mario Zayas-Rodríguez y su empleado Elvin Santiago-Rodríguez recibieron $118,098.20; José Alcazar-Román obtuvo $97,004.80; Alvin Alvelo-Crespo se apropió de $92,101.50; Abraham Burgos-Torres y su hija Karla Burgos-Colón recibieron $90,335.50; Nelson Concepción-Santana obtuvo $41,261.00; Wanda Rivera-Martínez recibió $41,204.40; y Teresa González-Hernández obtuvo $57,947.00.

En el caso de Alvelo-Crespo también se le acusó de fraude al plan médico. A Medicaid le reclamó $8,545.33. 

De ser encontrados culpables, los acusados de fraude al Seguro Social podrían enfrentar una pena máxima de 10 años en prisión. El acusado de fraude en conexión con beneficios obtenidos luego de una emergencia enfrenta hast 30 años de cárcel. En cambio, la persona  acusada de fraude electrónico enfrentaría 20 años. 

A todos los demandados se les fijó una fianza de $250,000. 

Rodríguez comentó que muchos de estos casos se logran gracias a denuncias telefónicas de personas. Se urgió a la ciudadanía a estar pendiente a posibles actos de fraude para denunciarlos ya sea a la línea sin cargos de la Administración del Seguro Social (1-855-278-5982) o al National Disaster Fraud Hotline (866-720-5721).

Varias agencias federales participaron de la investigación y el operativo, además de la Policía de Puerto Rico. Vanessa Bonano fue la agente especial del caso.


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