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Douglas Leff, director del FBI en Puerto Rico. (GFR Media)

Las autoridades federales todavía investigan las circunstancias en torno a un vídeo publicado en las redes sociales en el que un estudiante de un colegio en Guaynabo expresa amenazas contra compañeros de clase.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés) no radicó una denuncia para el arresto inmediato del adolescente, pero refirió el caso a la fiscalía federal para que decida si procedería una acusación.

“La fiscalía federal aclara que continúa evaluando los hechos de la amenaza grabada por un estudiante del Wesleyan Academy dirigida a sus compañeros”, indicó Lymarie Llovet, portavoz de la fiscalía federal en Puerto Rico, en declaraciones escritas.

A nivel federal, una persona puede ser acusada mediante cargos emitidos por un Gran Jurado que evalúa la prueba presentada por la fiscalía.

La otra vía es a través de una denuncia directa con una declaración jurada por algún agente de una agencia de ley y orden, como el FBI, en caso de que se determine que una persona representa un peligro inminente.

Con esa denuncia, un magistrado federal puede emitir una orden de arresto contra la persona, dejándola bajo custodia para eliminar el riesgo a la seguridad pública hasta que la fiscalía pueda gestionar la acusación formal mediante un Gran Jurado.

El jefe del FBI en la Isla, Douglas Leff, dijo que refirió el caso a la fiscalía federal después de realizar una investigación preliminar en la que determinó que no había urgencia por buscar una orden de arresto mediante una denuncia de la agencia.

“El FBI tiene el poder de hacer un arresto cuando hay un delito federal, pero es nuestra política que, a menos que haya una emergencia, vamos a consultar con la fiscalía”, sostuvo Leff en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“En un caso como este, cuando hay una amenaza potencial contra una escuela, nos tenemos que mover rápido. Coleccionamos los hechos y los enviamos a la fiscalía para que ellos hagan la determinación final”, agregó. “Lo que ellos decidan, vamos a seguir sus instrucciones”.

Señaló que “era una broma o un chiste” que terminó por “llegar a una comunidad entera lamentablemente. Pero, con la información que tenemos, el estudiante no tiene acceso a armas”.

“El FBI se encuentra con esto mucho en todo Estados Unidos. Por eso tenemos una campaña para que los jóvenes piensen antes de comunicar por las redes sociales”, agregó.

Según Leff, este caso contrasta con otros recientes por tratarse de un menor de edad que no tenía acceso a los elementos para concretar la amenaza.

Señaló que otros casos recientes, como el de una maestra que dejó mensajes a la jueza federal Laura Taylor Swain, y varios detenidos por amenazas de explosivos en las redes sociales a finales del año pasado, se trataban de adultos.

“Para estos casos de menores, siempre están las autoridades estatales, que pueden atender el asunto”, expresó Leff. “El sistema federal no posee esas herramientas. Cuando tenemos que arrestar a un menor, van a ir a un sistema federal que no tiene opciones especiales para ayudar en la rehabilitación de un joven”.

Agregó que “hace unos meses, unos jóvenes mataron a un hombre inocente. Los arrestamos de inmediato porque eran un peligro, pero en otros casos eso no ayuda”.

“Necesitan corrección y formación que pudieran recibir en la (esfera) estatal, que tienen más herramientas en casos con jovencitos que los tribunales federales”, abundó.


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