El gobierno rechazó que no exista una línea clara de mando en la Policía. En la foto, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera (a la izquierda) y el comisionado de la Uniformada, Henry Escalera. (horizontal-x3)
El gobierno rechazó que no exista una línea clara de mando en la Policía. En la foto, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera (a la izquierda) y el comisionado de la Uniformada, Henry Escalera. (Ramón “Tonito” Zayas)

El gobierno de Puerto Rico rechazó varios señalamientos del monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, en la respuesta que sometió al Tribunal Federal sobre el séptimo informe semianual sobre la Reforma policiaca.

Ante la crítica principal del monitor, sobre una continua “crisis de liderazgo” y “falta de dirección” en la Policía a raíz de la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el gobierno de Puerto Rico catalogó los señalamientos como una mera “opinión” de Claudio, cuyo título formal es asesor técnico de cumplimiento (TCA, por sus siglas en inglés).

“Los comentarios del TCA sobre la alegada falta de liderazgo son una opinión subjetiva del TCA más que una declaración objetiva basada en evidencia”, sostuvo el gobierno en su respuesta sometida al juez federal Gustavo Gelpí a través de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

El gobierno agregó que este informe “no es el foro para discutir interpretaciones o alegaciones que no son parte de la evaluación del progreso y cumplimiento que a final de cuentas es el principio que guía este informe”.

Claudio había advertido en el informe que la Policía no podrá completar la fase de adiestramientos en los cuatro años que había establecido el acuerdo federal para la Reforma policiaca, incluyendo los cuatro meses de extensión que concedió el año pasado.

Entre las razones, señaló atrasos causados por la estructura administrativa que dejó la creación del DSP, al punto que catalogó que el progreso de la reforma había llegado casi a un “detente”.

Claudio aseveró que, en sus declaraciones, el secretario del DSP, Héctor Pesquera, sugiere que es la persona a cargo, por lo que entiende que el gobierno necesita cumplir con un acuerdo federal que “claramente defina las líneas de liderato, administración y responsabilidad” en el Negociado de la Policía.

“Si esto no puede pasar bajo las circunstancias actuales, no dudaré en recomendar al tribunal acciones para restablecer un progreso satisfactorio hacia la implementación”, advirtió Claudio.

Por su parte, el gobierno aseguró en su moción que el comisionado de la Policía, Henry Escalera, “está cargo” de implementar el acuerdo federal. Sin embargo, estableció en la moción, que “la Ley 20 le da la autoridad al secretario de Seguridad Pública para tomar todas las decisiones necesarias para establecer seguridad sin afectar la implementación del acuerdo”.

De hecho, en su respuesta ante Gelpí, el gobierno sostuvo que la participación de Pesquera en el operativo policiaco durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2017 no violó la línea de comando de la Policía,pues se lo permite la Ley 20, que creó el DSP.

El gobierno resaltó que los artículos 1.03 y 1.04 de ese estatuto le dan al secretario del DSP “la responsabilidad y autoridad para estar ahí en ese momento y asegurar que sea controlado cualquier evento que pueda afectar la seguridad pública”.

Por otro lado, el gobierno parece admitir alguna dificultad con la Ley 20 del DSP, pues indicó en la moción que esa no fue “la única razón” para pedir la extensión de cuatro meses.

Señaló que el monitor omitió “que había otras razones además de la implementación de la Ley 20” en la carta de solicitud, en la que aludía a inconvenientes con el TCA y el Departamento de Justicia federal en el proceso de intercambio de borradores de políticas.

También, indica que los huracanes Irma y María “afectaron la implementación de la Ley 20” y que el gobierno “lamenta que el TCA no tomara en cuenta la devastación que ocurrió en la isla cuando evalúa en su reporte de mayo 2017-marzo 2018 que la implementación de la Ley 20 ha sido caótico”.

“Esperamos que el TCA se retracte de su declaración en el futuro”, reza la moción.

Algunos silencios

En la moción del gobierno, en cambio, no se mencionan otros señalamientos del informe del monitor, como su evaluación de que la Uniformada está tan atrasada en el progreso de la Reforma que no cumplirá con el plazo establecido por el acuerdo federal para completar la fase de adiestramientos.

Tampoco negó “rezagos” en la implantación de sistemas de información, manejo de querellas administrativas, la preocupación con la pérdida de oficiales que se van de la Uniformada, fallas en supervisión y en la elaboración de un plan de distribución recursos.

De igual manera, no atendió el cuestionamiento de por qué en el año fiscal la Policía solamente usó $8 millones de los $20 millones que le asigna el gobierno para la Reforma policiaca, como se acordó en el tribunal federal.

La próxima vista sobre la Reforma de la Policía está pautada para este miércoles en la sala del juez Gelpí en el Viejo San Juan.


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