Algunos visuales de la tensión vivida al final de la jornada de protestas durante el 1 de mayo

El monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, concluyó que las fallas en el manejo de las manifestaciones del pasado 1 de mayo de 2018 se debieron a problemas con el plan de trabajo del alto mando de la Uniformada.

Claudio no culpó a los policías que estuvieron en la calle, sino que volvió a señalar a la alta jerarquía de la Policía, a quien le atribuyó incumplimiento con reglamentos e improvisación.

Por ejemplo, señaló que el Negociado de la Policía falló en seguir los mandatos de la Ley 366 de 2004 y en informar las rutas de libertad de expresión.

“También hubo fallas de parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico en seguir los mandatos de su propia Orden General 600-625”, sostuvo Claudio.

“Con todo lo dicho, los policías siguiendo órdenes no pueden ser culpados por las faltas en el plan de trabajo ni de los cambios improvisados para controlar el evento o por los momentos de dudas en el eslabón superior al decidir si dejar los manifestantes pasar o mantenerse en la determinación de restringir la entrada al distrito bancario”, agregó.

Durante una vista en mayo pasado, el juez federal Gustavo Gelpí había ordenado a Claudio que realizara una evaluación sobre lo sucedido. Ahora resta ver qué determinación, si alguna, va a tomar el magistrado en la vista de estatus pautada para el 6 de diciembre en el Tribunal federal en Hato Rey.

Claudio destaca en el informe que el Plan Operacional original no contemplaba bloqueos, como el que se estableció en la intersección de la avenida Roosevelt con la Juan Ponce de León, frente al edificio Liberty.

Abundó que tampoco señala qué partes de la Milla de Oro estaban fuera de los límites para la marcha de los manifestantes.

Los oficiales entrevistados le admitieron a Claudio que habían tomado varias decisiones “cíticas” justo antes del evento.

“Esto derrota uno de los propósitos principales de realizar un plan operacional, que es precisamente definir todas las acciones a ser tomadas en cada área”, comentó Claudio.

“El cambio repentino de estrategia parece haber sido la improvisación de un escenario que no estaba considerada cuando la Policía planificó su estrategia”, agregó.

Asimismo, Claudio resalta que el comisionado de la Policía, Henry Escalera, le informó que fue él quien tomó la determinación de que esa primera línea de bloqueo dejara pasar los manifestantes “en un acto de buena fe”.

Mientras, otro oficial entrevistado por Claudio dijo que decidieron seguirlos para velar que no cometieran actos de vandalismo, como ocurrió en el 2017.

Los oficiales le alegaron a Claudio que al observar que rompieron varias ventanas decidieron hacer la segunda línea de bloqueo, a la altura de intersección con la calle Bolivia.

Según el monitor, la primera localización tenían mejor oportunidad de dispersarlos que en la segunda, donde el uso de los agentes químicos “creó una situación frenética y peligrosa para cientos de manifestantes, cuya mayoría sin duda no eran violentos y no representaban un daño inmediato”.

Señaló que varios oficiales entrevistados le manifestaron su impresión de que la movida fue intencional para atrapar a los manifestantes allí.

El monitor destaca que, en el contexto del balance de objetivos de la Policía, tanto en garantizar el derecho a la libertad de expresión y proteger la vida y propiedad, el propósito del informe es evaluar precisamente la decisión de dejar pasar la manifestación hasta ese punto, donde se creó un embudo.

Sostuvo que esa determinación provocó que “confinar a cientos de manifestantes a un área cerrada, con pocas opciones de salida pudo haber exacerbado la situación”.

Según informe, ante las agresiones que recibieron los policías en ese momento, no tuvieron otra opción que repeler con fuerza. Destacó que el error estuvo en que no se avisó que iban a usar armas no letales y en la decisión de moverse.

“La necesidad de usar la fuerza se pudo haber reducido significativamente si la Policía hubiera hecho los anuncios propios a los manifestantes y si el Negociado de la Policía hubiera mantenido la primera línea aledaña al edificio de Liberty”, dice.

De hecho, el comandante de incidente - no identificado e el informe - le indicó al Monitor que él no hubiera movido la primera línea de bloqueo, de no ser porque Escalera se lo ordenó.

Agregó que “no hubo una reunión para discutir cómo esto podía afectar, tanto táctica como operacionalmente”.

“En esta coyuntura, se plantea respetuosamente que muchos de los errores señalados como hallazgos negativos en la evaluación de 2017 se han repetido en el 2018”, planteó Claudio.

Ya en esa situación, fue en ese lugar que informe documenta que los oficiales fueron agredidos por manifestantes que lanzaron piedras, objetos sólidos, proyectiles con ondas.

Ante ese escenario, el monitor avaló que el “uso de la fuerza para repeler la agresión en ese momento fue una reacción razonable, considerando que había una clara y fuerte amenaza de lesión corporal contra los oficiales y un uso de la fuerza por pare de los manifestantes tratando de dominar a la Policía”.

Sin embargo, cuestionó la extensión del uso de la fuerza y resaltó tres casos documentados por los medios de comunicación en los que se evidenció “fuerza excesiva”. Uno fue de un vendedor de agua que mostró nueve impactos de bolas de plástico disparadas en su espalda pese a que no mostró resistencia.

Otro incidente fue el de una mujer que fue rociada con gas pimienta a corta distancia, pese a que no representaba riesgo para el oficial de SWAT y el tercero fue el golpe que recibió un periodista por parte de un oficial mientras grababa un arresto en el área de Río Piedras.

Para ninguno de los tres incidentes, según Claudio, la Policía sometió la documentación que ordena la Reforma de la Policía para informar el “uso de la fuerza”.

De hecho, Claudio advierte que durante la investigación se encontró que, en general, la documentación radicada internamente por la Policía con relación al 1 de mayo de 2018 fue insuficiente.

Por otro lado, indicó que tampoco encontró información adecuada sobre el uso de la fuerza durante los arrestos en la urbanización Santa Rita.

Destacó que en total, ese día se arrestaron 19 personas, 8 de los cuales fueron acusados y a uno no se le encontró causa para arresto.

En ese sentido, Claudio cuestiona que ese escenario provoca “dudas de si los once no acusados pudieron haber sido arrestados sin suficiente evidencia para sostener los cargos en un tribunal”.

Este estudio le fue encomendado al Monitor por el juez federal Gustavo Gelpí, quien supervisa la Reforma de la Policía, que surge de una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un patrón violaciones a los derechos civiles.

Ahora resta ver qué determinación, si alguna, va a tomar el magistrado en la vista de estatus pautada para el 6 de diciembre en el Tribunal federal en Hato Rey.

El informe del 2017

El monitor federal también había evaluado el trabajo de la Policía sobre las manifestaciones del evento del año anterior, el 1 de mayo de 2017.

Sobre en aquel entonces, Claudio concluyó que el alto mando de la Policía no estaba preparado para manejar aquel evento.

Sostuvo que en el plan de trabajo para el 1 de mayo de 2017 no se evidenció que el comandante de área de San Juan intentara contactar a los organizadores, no había un estimado de participantes en el evento, no se identificaron los vehículos oficiales en que serían transportados posibles arrestados y no se hizo un desglose sobre cómo cada unidad destacada en la zona reaccionaría a la cadena de mando.

“Es evidente que no había un plan de trabajo integrado con el que el rol de cada unidad especializada para evitar duplicidad y malos entendidos en la ejecución de funciones”, lee el informe en el que se detalla que, en ese documento, no se establecieron “posibles escenarios” de acuerdo al comportamiento del púbico. Específicamente, cómo reaccionar si los manifestantes entraban a edificios privados, tomaban control de la avenida o prendían fuegos.

No obstante, Claudio señaló que los vídeos que pudo evaluar “presentan al personal de la Policía actuando con disciplina” y que dispersaron a los manifestantes “violentos” con “la fuerza mínima necesaria”.

“Evitaron confrontaciones físicas con los manifestantes violentos al dispersarlos utilizando gas pimienta, gases lacrimógenos y municiones menos que letales”, lee el informe.


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