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El comisionado de la Policía, Henry Escalera, celebró los comentarios del juez Gustavo Gelpí en torno a las acciones de la Uniformada en la manifestación del pasado 1 de mayo. (David Villafañe)

Después de meses de controversia, la Uniformada confirmó al Tribunal Federal que reactivará la Academia de la Policía para febrero de 2019.

Así lo informaron oficiales de la Policía y representantes del gobierno ante el juez federal Gustavo Gelpí, ayer, durante una vista sobre la Reforma de la Policía.

Gelpí había emitido una orden para que en esa fecha se comenzara el adiestramiento de cadetes ante el éxodo de oficiales que continúa en la Policía.

El coronel Orlando Rivera Lebrón, superintendente auxiliar de Educación y Adiestramiento, señaló que las instalaciones del Colegio Universitario de Justicia Criminal en Gurabo están listas para recibir alumnos.

“Se está trabajando con los dormitorios, donde el huracán afectó también… Todas esas peticiones fueron sometidas y se están identificando fondos para reparar esos edificios. No obstante, esa estructura estará habilitada para recibir los cadetes, que se están reclutando, comenzando en el 2019”, señaló Rivera Lebrón.

El coronel detalló que la compañía aseguradora desembolsó los pagos por varios daños causados por el huracán María en la Academia y que ya han adelantado un 90% de las reparaciones.

Agregó que actualmente han recibido 500 solicitudes de personas interesadas en ingresar como cadetes, después de una convocatoria publicada en noviembre. Según Rivera Lebrón, esos cadetes se graduarían en nueve meses.

Al salir de la sala, el principal asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, explicó que actualmente se realiza el proceso de selección de los aspirantes y que el presupuesto necesario dependerá de la cantidad que escojan.

Orona señaló que, por el momento, la academia continuará operando de la forma tradicional, descartando la segunda propuesta sometida por el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) de octubre pasado. 

En cambio, continuará el proceso iniciado por la primera propuesta de SUAGM para establecer una alianza público privada (APP) que convertiría la institución en el Centro de Capacitación y Desarrollo en Seguridad Pública, que incluirá a los policías y oficiales de otras agencias, y que se espera que tenga un operador seleccionado para junio de 2019.

Durante la vista, quedó establecida la urgencia de que hagan más academias después de febrero, pues para el 2019 miles de oficiales son elegibles para acogerse al retiro.

Mientras, Lissandra Clemente, de la Oficina de Presupuesto de la Policía, reveló que el primer pago de la deuda de los $360 millones que se les debena los oficiales por concepto de ascensos se hará para el 28 de diciembre.

El presupuesto de este año asignó $122 millones para esos fines.

En el tema fiscal, Gelpí pidió que el gobierno tome medidas permanentes para que la Policía no vuelva a quedarse sin fondos federales debido a los problemas de contabilidad de la agencia, por ejemplo, como sucedió con el programa “Equitable Sharing”.

Luis Saucedo, del Departamento de Justicia federal, indicó que entendía que los problemas contables de la Uniformada se habían resuelto, por lo cual se mostró sorprendido con la congelación de unos $2 millones en fondos federales.

Saucedo también mostró preocupación por el atraso en la implementación en la Uniformada de un sistema de registro electrónico de asistencia de empleados, conocido como Kronos, que responde a una demanda separada del Departamento del Trabajo federal sobre el pago de horas extras a los policías.

Según Saucedo, aunque sirve para registrar las horas trabajadas, el sistema también es una herramienta necesaria para medir el desempeño y detecta la necesidad de intervenir de forma temprana con algún oficial.

De hecho, a preguntas de Gelpí, el director de la Oficina de Psicología y Trabajo Social de la Policía, Juan Carlos Centeno, reconoció que, aunque ha aumentado la cantidad de sicólogos, de 13 a 15, la Uniformada necesita aún más. Además, deben implementar más estrategias para detectar señales que puedan evitar situaciones, como los incidentes de violencia de género por parte de policías.

Informes discutidos

Por otro lado, en la vista no se discutió el informe del monitor federal Arnaldo Claudio sobre las presuntas represalias en los traslados de pilotos en las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) por oponerse a trasladar civiles en un helicóptero junto al gobernador. Orona explicó que solicitaron al juez que les permita primero responder por escrito.

Lo que sí se discutió fueron las fallas señaladas por el investigador del monitor, José Pujol, al alto mando de la Policía sobre la manifestación del 1 de mayo de 2018.

La Uniformada se defendió indicando que nunca pretendió informar intencionalmente al monitor que el centro de comando estaba en un lugar diferente al que creía, aseguró que se están investigando los incidentes “aislados” de uso de fuerza y mostró un vídeo para demostrar que sí cumplieron con la reglamentación de avisar a los manifestantes que estaban cometiendo un delito y que iban a usar la fuerza.

Pujol reaccionó señalando que el vídeo no correspondía al momento en que se usó la fuerza, sino de varias horas antes en otro punto de la manifestación.

De todas formas, Gelpí se mostró complacido con los avances mostrados por la Policía y calificó de mínimo las 33 actividades de acción de la Reforma por las que se solicitaron prórrogas. 

“(Gelpí) nos felicitó por cómo se trabajó el 1 de mayo y vemos cómo han resultado los cambios que hemos desarrollado”, expresó el comisionado de la Policía, Henry Escalera.


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