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La medida de la senadora Zoé Laboy que asignaría $3 millones al Negociado de CienciasForenses necesitaría ser consutalda con la Junta. (GFR Media)

La senadora Zoé Laboy Alvarado aseguró ayer que insistirá en la aprobación de una resolución de su autoría con la que busca redirigir al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) un total de $3 millones, en manos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), para analizar alrededor de 2,670 rape kits sin atender.

De estos, el 79.5% corresponde a menores y el 85% a féminas.

En una vista de la Comisión de Hacienda del Senado ayer, el abogado de la Aafaf, Carlos Yamín, planteó que la dependencia puede trabajar sin el dinero removido de su presupuesto, pero alertó que la medida tendría que ser consultada con la Junta de Supervisión Fiscal o que la Oficina de Gerencia y Presupuesto solicite una reasignación de fondos al ente fiscal.

Esa postura provocó la ira de Laboy Alvarado.

“Con relación a la Junta, me sorprende que me digan que primero hay que ir a la Junta a preguntar, ajá, ¿y cuántas veces hemos usado dinero y la Junta dice que no puedes?”, increpó la senadora.

En el caso de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, consignó que el dinero está disponible pero, al igual que la Aafaf, trajo a colación la posible oposición de la JSF, por lo que se opuso a la resolución.

En medio de un receso de la vista, la senadora Migdalia Padilla dijo que la Legislatura continuará con el análisis de la medida y que será aprobada. Como alternativa, mencionó la posibilidad de que la OGP solicite esa reasignación de fondos a la JSF.

“Eso lo decide el gobernador”, manifestó Padilla.

El senador popular Cirilo Tirado, dijo, por su parte, que la Aafaf y el gobernador tienen la capacidad de identificar $3 millones en el presupuesto y hacer la transferencia al NCF.

“Y no hace falta ni resolución (legislativa) ni que lo apruebe la Junta. La Junta aprobó el presupuesto y quien administra el presupuesto, a base del plan fiscal, es el gobierno y esto es una prioridad”, manifestó Tirado.

En una ponencia enviada por el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el titular reconoció el atraso en el manejo de rape kits. Indicó que el NCF se encuentra en el proceso de desarrollar un plan de trabajo para atender el asunto, aunque todas las alternativas requieren la asignación de más fondos.

Mireya Hernández, supervisora de laboratorio forense del NCF, y quien dio lectura a la ponencia dijo que los $3 millones podrían ser utilizados para enviar las pruebas sin estudiar a laboratorios privados, a un costo de $1,500 a $2,000 por prueba.

Dijo que para evitar futuros atrasos en esta área necesitarían $701,775 anuales para contratación de personal.


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