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Un grave cuadro en el trato a los convictos de violencia de género y en la ayuda a la víctimas fue lo que expuso este martes la exprocuradora de las Mujeres, María Dolores Fernós, durante un análisis legislativo realizado a la Ley de Violencia Doméstica.

Según precisó, el 70% de las personas convictas por este delito no cumplen ni un solo día en prisión.

Pero más allá, denunció que “los programas de ayuda a las víctimas en ocasiones es una persona en un escritorio en un sótano”.

Las expresiones surgieron durante una vista pública en el que se analizaba una posible enmienda a la Ley 54 para establecer que “toda persona convicta por esa ley deberá completar un programa mandatorio de reeducación y readiestramiento para viabilizar su reeducación por violencia de género”.

Durante la discusión del proyecto, de la autoría de la senadora popular por Mayagüez-Aguadilla, Maritere González, la licenciada Yashira Ruiz presentó una ponencia por parte de la Policía, en la que el superintendente designado James Tuller Cintrón, manifestó su apoyo a la medida.

No obstante, expresó que “consideramos oneroso que el Estado deba asumir la responsabilidad económica de la fase de tratamiento que sea recomendada al individuo. Dicha fase educativa debe ser pagada por el individuo, como una medida de responsabilidad fiscal”.

Por ello, el senador Ramón Ruiz indicó que se deben asignar fondos cada vez que se proponga cambiar la Ley de Violencia Doméstica. El dinero se usaría para herramientas y especialistas que promuevan la solución de este problema, dijo.

Entretanto, la Oficina de la Procuradora de la Mujer envió una ponencia escrita en la que apoyó la propuesta. La misma estaba firmada por la licenciada María Ortiz Rivera, quien sometió unas recomendaciones, como incluir como parte del proyecto los programas de reeducación de la Junta de Programas de Desvío, bajo la supervisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación.


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