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Policías esperan que el gobernador firme medida (vertical-x1)
Los policías que se beneficiarían con la medida son los acogidos al retiro entre marzo de este año y diciembre del 2020. (Archivo/GFR Media)

A dos semanas de vencer el plazo para que el gobernador firme una medida que busca mejorar la condiciones de retiro de más de 1,000 policías, el portavoz de estos, Carlos Rosado, hizo una súplica para que se les “haga justicia”.

La medida fue aprobada en los últimos 10 días de la sesión legislativa (el 28 de junio) y el primer ejecutivo, Ricardo Rosselló, tiene hasta el 28 de julio para firmarla, sino se considera un veto de bolsillo y la medida muere.

El Nuevo Día ha hecho varios acercamientos para conocer la postura del gobernador sobre la medida, pero no ha recibido respuesta.

El proyecto del Senado 404 busca mejorar sustancialmente las condiciones de retiro de policías acogidos al retiro entre marzo de este año y diciembre de 2020.

Aunque el proyecto habla de 1,990 los funcionarios que se retirarían dentro del espacio de tres años sin Seguro Social, Rosado, portavoz del grupo de policías que cabildeó a favor de la medida, coloca la cifra en unos 1,100 a 1,200. Se espera que en la Policía se realice un referéndum para que sus miembros autoricen a cotizar para el Seguro Social prospectivamente.

Con las enmiendas a la Ley de Retiro de 2013, los policías que se beneficiarían de la medida que espera por la firma del gobernador sufrieron potenciales recortes que rebajarían su pensión de un tope de 75% a entre 42% y 44% de su salario más alto.

“Nuestra súplica al gobernador es que se nos haga justicia, y lo digo con el corazón, que la Junta (de Supervisión Fiscal) y él tomen en consideración el esfuerzo de nosotros por más de 30 años. Hemos dejado la familia, la salud aquí y este proyecto es nuestra única esperanza”, dijo Rosado, veterano de 31 años en la Uniformada, quien actualmente trabaja en la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Arecibo.

En su caso, si se retira este año, con el proyecto convertido en ley cualificaría para una pensión de 60% de su salario más alto, en lugar de entre 42% y 44%, que es el escenario que enfrenta.

En una vista pública reciente trascendió que los policías a retirarse se exponen a recibir cheques de $800 a $1,000. También surgió que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) objeta la medida por su impacto fiscal: $52 millones.

En su memorial explicativo, la OGP describe el impacto como “significativo” en el Fondo General, que este año fiscal incluye los fondos de cada agencia para efectos del desembolso de las pensiones.

La OGP calculó el impacto en $4.6 millones mensuales, sin incluir otros factores por lo que el impacto podría ser “aún mayor”.


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