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(GFR Media)

El Municipio de Guaynabo enfrenta una nueva demanda federal por una de sus empleadas que alega haber sufrido acoso sexual por parte de su supervisor en la policía municipal, Wilfredo Castillo, durante varios meses entre el 2016 y 2017.

En su demanda, la empleada también alegó ser víctima de represalias por haber reportado la conducta ante las autoridades pertinentes, en un patrón que sostiene comenzó bajo la administración municipal anterior y se extendió hasta la actual.

El Municipio de Guaynabo, por su parte, aseguró que atendieron la querella, removieron al oficial de su puesto y que la investigación concluyó que no había evidencia para sostener las alegaciones de la empleada.

La empleada reclama del Municipio de Guaynabo una compensación de $1 millón y el pago de tratamientos médicos y medicinas, así como otros gastos, además de los costos de la representación legal.

Esta demanda surge mientras se dilucida a otra que enfrenta el Municipio de Guaynabo, sometida en el Tribunal Federal por una agente municipal en la que figura como codemandado el exalcalde Héctor O’Neill. Esta nueva demanda no es contra O’Neill.

Según la demanda, radicada el martes, la empleada denuncia que “fue objeto un patrón de hostigamiento sexual que incluyó invitaciones para tener encuentros sexuales, insinuaciones y comentarios sexuales por su supervisor inmediato” que fueron suficientemente “severos o persuasivos como para alterar las condiciones de su empleo y crear un ambiente de trabajo abusivo”.

La denuncia indica que recibió acercamientos de parte de Castillo personalmente y por mensajes de texto en repetidas ocasiones. También sostiene que recibió un trato hostil de parte de Castillo.

“La demandante también reclama… que el Municipio sabía de esta conducta ilegal”, sostuvo.

Señaló que el comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, Víctor Franco, “quien tiene una relación de amistad bien cercana con el teniente Castillo… despojó a la demandante de sus funciones y responsabilidades esenciales de trabajo. Hasta este día, la demandante ha sido dejada esencialmente en el vacío sin tareas para realizar”.

“Dicho patrón es un acoso de represalia”, alegó. “El Comisionado de la Policía ignoró a la demandante y la trató con hostilidad. No se comunica con ella de ninguna forma.

La demanda señala que en diciembre de 2017 sometió una querella de hostigamiento sexual en la Oficina de Recursos Humanos.

La demandante catalogó como represalia la evaluación de bajo grado que recibió luego de parte de Franco.

Posteriormente, en marzo de 2018, la empleada sometió una querella en la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés).

En la demanda indicó que aún después de la querella ha continuado enfrentando un trato hostil de parte de Castillo, pese a que tiene instrucciones de no acercarse a ella.

Incluso, denunció que en noviembre pasado Franco la transfirió a un programa de asistencia de empleo, que es “una unidad encabezada por Castillo”.

Asegura que intentó de manifestar su preocupación al comisionado y pedir que la reasignaran a otra área, pero “Franco ni si quiera le habla a la demandante”.

“Como consecuencia de los actos intencionales mencionados y el resultado de daños mentales sufrido por la demandante, ella ha estado y continuará en el futuro bajo tratamiento y medicamentos psiquiátricos”, expresa la demanda.

Reacciona Guaynabo

Por su parte, la administración del Municipio de Guaynabo negó la denuncia de que no tomaron acción ante la querella.

Aseguró que fue atendida y que despojaron a Castillo de sus funciones.

“Rechazamos que el Municipio y sus oficiales no hayan tomado acción sobre las alegaciones de la empleada demandante”, indicó el Municipio en declaraciones escritas. “Los alegados hechos comenzaron en el 2016 y es bajo la administración del alcalde Ángel Pérez Otero, que se concluyó la investigación”.

Añadió que “con el fin de garantizar los derechos de los involucrados y la pureza de la investigación se relevó al teniente de sus funciones como director de Operaciones de Campo de la Policía Municipal y fue trasladado a otro cuartel”.

De igual manera, el ayuntamiento de Guaynabo señaló que “la investigación concluyó que no existe evidencia que corrobore las alegaciones de la empleada”.

“La empleada presentó una querella ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC) y la misma concluyó al igual que la investigación administrativa del Municipio, que no existe evidencia de las alegaciones presentadas por la querellante. Debido a la reclamación legal existente, no se harán más expresiones sobre este asunto”, concluyó. 


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