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El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román. (GFR Media)

El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, informó hoy que solicitó un informe de los gastos en la Reforma de la Policía, tras las denuncias del exmonitor Arnaldo Claudio, quien estimó que se ha malgastado el dinero en el proceso que busca atender el problema de constantes violaciones de derechos humanos por parte de los miembros de la Uniformada contra los residentes de Puerto Rico.

“Voy a pedir un reporte de los gastos de la reforma para asegurar que todo se ha hecho conforme a la ley. Estos son procesos que se han hecho en coordinación con el gobierno federal. Creo que no hay posibilidad de despilfarro de dinero”, dijo Román en una rueda de prensa en La Fortaleza tras una reunión del equipo del gobierno que atiende los temas de seguridad.

Claudio, en esencia, era el líder de la oficina, adscrita al Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal que se encargaba de vigilar el cumplimiento de la Policía con el proceso de reforma y de documentar los casos sospechosos de violaciones a los derechos humanos.

Su renuncia fue informada ayer en la documentación del caso de derechos humanos contra la Policía. Cuando el ahora exfuncionario fue consultado sobre las razones de su dimisión indicó a El Nuevo Día que “perdí toda la confianza en el proceso y exclusivamente en cómo se está utilizando el dinero del pueblo de Puerto Rico en esto (la reforma) y he decidido sencillamente desalojar y equipo y a mi persona de esto, para no tener nada que ver con unas posibles violaciones de ética en la mala utilización del dinero del pueblo”.

Tras la renuncia, el juez Gustavo Gelpí, que atiende el caso por violaciones de derechos civiles contra la Policía, nombró a John Romero como sustituto de Claudio.

Román también dijo que se reunirá con la secretaria de Justicia WandaVázquez para evaluar cómo se tomó la decisión de contratar al bufete de McConnell Valdés para que representara al gobierno de Puerto Rico en el caso de la Reforma de la Policía ante el Tribunal Federal.

Esa contratación fue uno de los cuestionamientos que levantó Claudio cuando cesó sus funciones como monitor federal, no solamente por el costo, sino porque entiende que implica un conflicto de interés.

En reacción para El Nuevo Día ante esos señalamientos, el Departamento de Justicia indicó que la contratación del bufete fue decisión del DSP. Mientras, el DSP indicó en declaraciones a este medio que fue Justicia estatal quien sugirió una dispensa para contratar al bufete.

“Como (esa contratación) es una decisión (que se tomó) antes de que yo entrara en el cargo, me voy a sentar a hablar con la secretaria de Justicia y vamos a entender cuál fue el proceso”, sostuvo Román.

“Pero entiendo que fueron unas decisiones que (hubo) una consultoría y en este caso entiendo de mi parte que no hay conflicto de intereses, pero supuestamente nos vamos a sentar a ver”, agregó


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