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La medida intenta atemperar el estado de derecho puertorriqueño con el federal. (horizontal-x3)
A la izquierda, el coronel Gerardo Oliver en representación de la Policía. (Vanessa Serra Díaz)

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de Justicia (DJ) expresaron esta mañana, en una vista de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, su tenaz oposición a un proyecto de ley que busca facilitar y abaratar los procesos de obtención de licencias de armas y la compra de armas de fuego en Puerto Rico. 

La medida, que crea una nueva Ley de Armas, intenta atemperar el estado de derecho puertorriqueño con el federal. También reduce las penalidades al comparar con el estado de derecho actual vigente mediante el estatuto mencionado anteriormente. 

En la ponencia de la asesora legal del DSP, Estrella del Mar Vega advirtió que -de aprobarse la medida- el tráfico ilegal de armas de fuego aumentaría en la medida en que el gobierno de Puerto Rico tendría que reconocer la validez de permisos de armas expedidas en los 50 estados.

Esto resulta preocupante en el sentido que cada estado regula la obtención de una licencia de armas de manera particular, no existiendo en muchas jurisdicciones requisitos similares a los establecidos en nuestra jurisdicción”, dijo Vega al ofrecer como ejemplo el caso del estado de Florida. Allí al solicitante sólo se le piden una identificación de residente del estado y una licencia de conducir. 

Además, Vega argumentó que en ciertas jurisdicciones estadounidenses se da el fenómeno en el que un interesado en comprar armas de fuego con récord criminal le paga a otro ciudadano con récord limpio para comprarle el arma de fuego.

El comandante Gerardo Oliver, del Negociado de la Policía, alertó, desde la mesa de deponentes, que dicho lenguaje permitiría que un ciudadano pueda portar armas largas en público, lo que está totalmente prohibido en el país. 

Vega enumeró otras objeciones del DSP al proyecto. Por ejemplo, advierte que el proyecto -de la autoría del senador novoprogresista Nelson Cruz- elimina el proceso judicial en el que un solicitante de portación de armas tiene que demostrar su buena reputación en la comunidad presentando tres testigos en una vista. 

El proyecto nuevo ubica en la Uniformada toda la responsabilidad de evaluar estas solicitudes de portación, y de solicitud de licencias, lo que implicaría un cargo fiscal adicional a la agencia mediante la contratación de personal adicional.

Vega alertó que el proyecto rebaja el costo de una solicitud de portación de $250 a $50, por lo que la medida tiene un impacto fiscal sobre las arcas del gobierno.

El Departamento de Hacienda yla Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se expresarán en una vista pública futura. De hecho, faltan tres: una en Aguada, una en Ponce y otra en San Juan.

La medida, de otra parte, rebaja de $100 a $50 el costo del sello requerido para solicitar una licencia de armas.

En cuanto a las solicitudes de licencia de armas, el proyecto limita la investigación al solicitante en la Policía a la verificación en los sistemas National Crime Information Center y el National Instant Criminal Background Check System de su récord criminal. Sin embargo, el DJ advirtió en su ponencia que casos criminales graves activos en nuestros tribunales, así como órdenes de protección y órdenes de arresto expedidas por determinaciones de causa para arresto en ausencia no se reflejan en estos sistemas federales.

El Negociado dela Policía, además, alertó que el proyecto de ley crea la figura del agente autorizado, que tendría la facultad, como la tiene la Policía, de emitir licencias de armas de fuego. “Es una preocupación que se delegue a una persona privada ese poder por consideraciones de seguridad pública debe recaer en el Estado”, dijo Vega. 

La pieza legislativa también le quita a la Policía revocar licencias de armas de fuego y ocupar las armas mientras se realizan investigaciones de individuos o luego de que las licencias de armas venzan. Ese poder de confiscar las armas entonces recaería en el tribunal.

Durante la vista surgió que la Policía, según Oliver, no realiza “hace meses” las investigaciones de campo, sino que se verifica en los sistemas federales y estatales de récords criminales y expide la licencia. Sin embargo, precisó que esas investigaciones se están realizando, aunque “en muy pocos casos” redundan en a revocación de estas licencias. Con el proyecto nuevo, la Policía perdería la facultad de realizar las investigaciones de campo antes o después de expedir las licencias.

Oliver indicó que la Policía está tardando entre 30 a 33 días para expedir las licencias de armas.

La Ley de Armas actual obliga a la Policía a expedir una licencia provisional si el solicitante entrega los documentos requeridos y no se le entrega la licencia en el periodo establecido.

Al defender su proyecto, Cruz insistió en que la intención de la medida es procurar que la gente “humilde” pueda comprar armas de fuego.

La gente pobre no tiene derecho (ahora) a defender su vida”, manifestó.

Queremos que no sea un proceso tan oneroso”, dijo Cruz, quien sin embargo no mencionó alguna alternativa de bajar los honorarios que cobran los notarios en el proceso de solicitud de licencias.

Según Cruz, masacres como las de la discoteca Pulse ocurrida en el 2016 se pudieron haber evitado, “allí no había personas armadas. Si se hubiese permitido (la entrada de armas de fuego legales) no hubiera ocurrido la masacre que ocurrió allá adentro. Podemos darle la vuelta al asunto, pero es la verdad”.

Acto seguido, Cruz dijo que la administración de gobierno novoprogresista, “prometió cambios grandes”.

La gente lo validó (el plan de gobierno) con su voto votando por un nuevo gobierno. No podemos ser americanos a medias, para recibir fondos federales somos americanos, pero para validar un derecho constitucional…”, dijo.


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