La doctora Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia, en Caguas. (horizontal-x3)
El año pasado, se presentaron 1,385 querellas de delitos sexuales en Puerto Rico, pero los expertos estiman que solo una ínfima cantidad del total de incidentes llega a la Policía. (Shutterstock) (Luis Alcalá del Olmo)

Aunque las estadísticas oficiales reflejan un cuadro crítico de las agresiones sexuales en Puerto Rico, la realidad, según expertos, es que apenas el 2% de los casos son reportados por sus víctimas.

Según datos del Negociado de la Policía, el año pasado se reportaron 1,385 querellas de delitos sexuales, principalmente en Ponce (290), Carolina (148) y Bayamón (145).

La mayoría de las víctimas fueron mujeres (1,079) y solo 679 querellas fueron esclarecidas, con 155 arrestos, 108 radicaciones de cargos criminales y 61 convicciones. Estas cifras incluyen actos lascivos, incesto, agresión sexual conyugal, violación y sodomía.

“El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) realizó un cuestionario en el 2010 y se identificaron más de 75,000 casos de personas mayores de 18 años que admitieron haber sido víctimas de alguna expresión de agresión sexual en los 12 meses anteriores y a las salas de emergencia no llegan ni mil (casos de agresiones sexuales al año), principalmente por temor (al proceso), vergüenza, miedo a represalias o a que no le crean o le echen la culpa”, indicó la doctora Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia.

Creado hace dos años en la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas, el Centro ofrece un servicio integral a sobrevivientes de violencia sexual mediante un equipo multidisciplinario que incluye trabajadores sociales, sicólogos, personal de enfermería, epidemiólogos y manejadores de caso, entre otros profesionales.

No todos los casos de agresión sexual se reportan. Algunos buscan asistencia médica, pero no radican cargos (contra el agresor). La realidad es que no hay una visión clara de la violencia sexual en la isla”, afirmó Vilma González, directora de la Coordinadora Paz para la Mujer, coalición de organizaciones que estudia y trabaja la problemática de la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia entre parejas y agresiones sexuales.

De acuerdo con la doctora Rebecca Ward, directora del CAVV, la baja cantidad de sobrevivientes de agresiones sexuales que deciden reportar los casos es un problema que se vive a nivel mundial.

“Muchos casos son (cometidos por) personas conocidas, de poder o familiares”, dijo al señalar que muchas víctimas de agresión sexual también se enfrentan al elemento de falta de credibilidad.

De las 1,385 querellas de delitos sexuales reportadas a la Policía el año pasado, 324 víctimas eran varones y 1,079 mujeres.

“La violencia sexual es un problema de salud pública que impacta a nuestra sociedad puertorriqueña”, revela un informe del CAVV del 2015.

A esta situación se suman las secuelas del huracán María que, según los estudiosos del tema de la violencia, favorecieron la ocurrencia de agresiones sexuales por la falta de seguridad mientras se normalizaba la situación, además de la interrupción del sistema de justicia durante el tiempo en que los tribunales estuvieron cerrados.

El informe del CAVV reveló, además, que estudios realizados en Estados Unidos estiman que el costo promedio de tratamiento y perdida de productividad, entre otros factores, por cada violación es de $151,423, lo que asciende a $127 billones anuales, incluyendo costos directos e indirectos.

Falla el protocolo

En Puerto Rico, existe un Protocolo de Intervención con Víctimas/Sobrevivientes de Agresión Sexual en salas de emergencia.

Sin embargo, aparte de que muchas víctimas no reportan a sus agresores, profesionales que atienden estos casos advierten que abundan las fallas en el cumplimiento de este protocolo. Este incumplimiento, sostienen, provoca que los sobrevivientes de agresiones sexuales que sí deciden buscar ayuda no siempre reciban el trato digno que merecen.

Además, se critica como en muchos casos la evidencia que se recopila a través de los “kits” de evaluación forense (“rape kit”) en los hospitales muchas veces no es admisible luego en tribunales por irregularidades en su procesamiento y preservación.

Estamos en la edad de piedra. Los “kits” (de evaluaciones forenses) todavía se toman de forma manual y no contamos con el equipo necesario para poder documentarlos bien, como cámaras”, dijo el doctor Edwin Vázquez Ayala, subdirector médico del Centro Ambulatorio del Hospital HIMA, en Caguas.

Según Ward, en muchas ocasiones, las barreras en el cumplimiento de este protocolo radican “en el primer nivel de servicios, por desconocimiento”.

Proyecto piloto

Ante esta realidad es que nace el proyecto piloto “SAFE Hospital”. Este busca adiestrar a médicos y enfermeras sobre cómo atender en las salas de emergencia los casos que reciban de personas que hayan sufrido violaciones. Las siglas SAFE abrevian parte de la esencia del programa: “Sexual Assault Forensic Examination”.

“SAFE Hospital” es una iniciativa del Centro Salud Justicia que dirige la doctora Laras, mediante el cual se convocó hace unos días a un grupo de profesionales de la salud a un adiestramiento de una semana ofrecido por el “California Clinical Forensic Medical Training Center”.

En este adiestramiento, participaron 14 médicos y 13 enfermeras de ocho hospitales que constituirán este proyecto piloto. La idea es hacer reuniones mensuales en el Centro para discutir casos de agresiones sexuales que lleguen a estos hospitales y darles el seguimiento necesario y el trato que merecen las víctimas.

La meta es promover que las víctimas busquen ayuda en las salas de emergencia, asegurar la calidad de la recolección, documentación y preservación de la muestra, y contar con testimonio pericial de evaluadores médicos forenses cuando sean necesarios en casos reportados a la Policía.

“El objetivo (principal) es que (las víctimas/sobrevivientes de estos casos) vengan a tiempo a buscar ayuda, tan pronto ocurra (la agresión)”, dijo Laras.

La experta explicó que el “kit” que se utiliza para recopilar la evidencia de estos casos en los hospitales, que ahora llamarán “SAFE kit”, solo puede ser utilizado en las 72 horas después de la agresión, mientras que el formulario forense puede ser completado hasta siete días después del evento, lo que incluye una evaluación médica.

La ginecóloga resaltó que el Centro Salud Justicia también le da apoyo a los sobrevivientes de estos casos, independientemente de si media o no una querella.

Explicó que, a través de otro proyecto del Centro llamado “Desafío”, se busca fortalecer a sobrevivientes de estos casos a enfrentar el proceso en corte a través de un tribunal simulado que ayuda a que entiendan los procesos judiciales y a exponerse a ese ambiente antes de su testimonio.

“Me encanta este proyecto piloto (SAFE Hospital) porque mientras más personas adiestradas hayan, mejor”, comentó Ward.

Más sensibilidad

Según Laras, urge que los profesionales de la salud hagan preguntas sobre este tema y referidos adecuados.

También, hizo un llamado a que haya más sensibilidad en la comunidad médica para que, por ejemplo, en lugar de decirles a las pacientes, en una evaluación ginecológica, que “abran las piernas”, les digan “separen las rodillas” para evitar que se revictimice a personas que hayan sido blanco de estos casos.

“El problema mayor de las víctimas de agresiones sexuales es que llegan a las salas de emergencia y son victimizadas por el mismo sistema. Hacen falta muchos recursos. No estamos preparados”, coincidió el doctor Vázquez, uno de los 14 médicos que tomó el curso que coordinó el Centro.

Uno de los errores, dijo el galeno, es la falta de conocimiento sobre cómo tomar una muestra forense y preservarla adecuadamente para que no se dañe a los tres días.

“Si se da la voz de que existen estos servicios (“SAFE Hospital”), van a ser miles los casos que lleguen. Por ejemplo, aquí en el Centro Ambulatorio (del HIMA, en Caguas), en los últimos tres años, se han atendido unos cinco casos, cuando esa prácticamente es la cifra diaria (de agresiones sexuales)”, dijo el galeno.

Admitió que también hay mucha resistencia de médicos a atender estos casos por las implicaciones de seguimiento que conllevan, incluyendo la posibilidad de acudir a los tribunales.

Consciente de la resistencia entre algunos médicos de involucrarse en estos casos, Ward señaló que en Estados Unidos están enfocados en el modelo de enfermería forense.

La experta informó que en la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico se ofrece una certificación en esta área. Agregó que, a nivel isla, hay 40 enfermeras examinadoras de agresiones sexuales (SANE, por sus siglas en inglés) haciendo sus prácticas en varios hospitales.

Más educación sexual

Ya sea por falta de educación, a consecuencia de una cultura patriarcal o por falta de sensibilidad en elproceso, González considera que muchos sobrevivientes de estos casos desisten de buscar ayuda.

“Necesitamos una estructura de acompañamiento durante el proceso para tener un trato justo, independientemente del lugar de los hechos, ya sea el centro de isla, Vieques, Culebra o donde sea”, dijo la directora de la Coordinadora Paz para la Mujer.

González lamentó la cantidad de casos que surgen entre menores de edad, por lo cual urgió a que haya más educación sexual y conocimiento del cuerpo desde temprana edad.

“Este es uno de los pocos crímenes en el que la víctima tiene que probar que hubo el crimen. Tal vez por eso muchas personas no se sienten empoderadas para ir a un proceso legal”, comentó al advertir que la misma cultura machista también dificulta que más varones blanco de agresiones sexuales busquen ayuda.

Tener un sistema responsable y sensible a las necesidades de los sobrevivientes de estos casos, más accesibilidad a los recursos y tener el conocimiento adecuado para saber lo que implica el consentir a una relación sexual fueron recomendaciones de la experta.

González advirtió que el surgimiento a nivel nacional del movimiento “Me too” (Yo también) ha ayudado a darle más visibilidad a esta problemática, así como el caso conocido como “La Manada” ocurrido en España en el 2016, cuando cinco hombres fueron acusados por violar en grupo a una joven de 18 años durante las Fiestas de San Fermín, en Pamplona. En abril de este año, los acusados fueron condenados por abuso sexual, pero absueltos del delito de violación, ya que, bajo la ley española, el delito de abuso sexual se diferencia del de violación en que no involucre violencia o intimidación y se castiga con penas menos severas.

Mientras, hace unos días, Maude Gorman, una reina de belleza de 24 años del estado de Massachusetts, que fue agredida sexualmente en su adolescencia, renunció a su título luego de que en el certamen una parodia satírica se mofara del movimiento “Me too”.

Vulnerables los menores

A principios de este año, se alertó de un aumento de agresiones sexuales entre menores de edad. Solo en los primeros 23 días del 2018, 64% de las víctimas de agresión sexual reportadas a la Policía eran menores de 15 años.

La Red Nacional de Violaciones, Abuso e Incesto (RAINN, por sus siglas en inglés) sostiene que, cada 98 segundos, un americano es agredido sexualmente y cada ocho minutos esa víctima es un menor de edad. Sin embargo, solo seis de cada 1,000 agresores terminan en prisión.

Hallazgos de la Encuesta Nacional de la Violencia contra la Mujer (2010) alertaron que, en Puerto Rico, el 40.5% de las sobrevivientes de actos de violencia sexual son menores de 13 años y el 57.6% de los casos de agresiones ocurren en menores de 14.

“La tendencia (observada) es que hay muchos incidentes de actos lascivos en menores de edad”, dijo la teniente Mary Bell Maldonado, coordinadora de la División de Investigaciones de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, a nivel isla.

Un acto lascivo es definido como un modo de tocar a una persona de manera sexual. En Puerto Rico, es juzgado a través del Artículo 133 del Código Penal.

Datos de la División de Estadísticas de la Policía indican que, entre las 575 querellas de delitos sexuales reportadas entre enero y mayo de este año, ocurrieron 315 actos lascivos. Entre todas las querellas, la mayoría de las víctimas (207) fueron menores de 11 a 15 años.

“Los menores son los más vulnerables y siguen siendo familiares o conocidos los ofensores”, indicó Maldonado, quien también señaló un aumento de crímenes cibernéticos por fotos de contenido sexual, por lo que urgió a los padres a tener más control de los equipos tecnológicos de sus hijos.

La teniente informó que, en cumplimiento con disposiciones del Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico, en octubre de 2016 se creó una línea de orientación a víctimas de delitos sexuales (787-343-0000).

Maldonado, quien señaló que hay unos 100 agentes a nivel isla capacitados para atender casos de delitos sexuales, indicó que en lo que va de año ya se han recibido unas 500 llamadas a esta línea.


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