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Vega dijo que el cumplimiento de la Policía se medirá mediante visitas a unidades de trabajo,y solicitud de documentos, entre otros métodos. (GFR Media)

Con la amenaza de sanciones y hasta de una sindicatura, el Negociado de la Policía entra hoy en una nueva etapa en su proceso de reforma, y su jefatura confía en que podrá cumplir con las exigencias del Departamento de Justicia estadounidense.

La Reforma de la Policía comenzó el 17 de julio de 2013, cuando el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal firmaron un acuerdo que dio por terminada una demanda contra el cuerpo de seguridad por un patrón de violaciones de derechos civiles.

A partir de entonces, comenzó un periodo de creación de políticas públicas, planes de acción y adiestramientos. Esa etapa preparatoria terminó el viernes, y desde hoy comienza la fase de cumplimento, según dictaminó el juez federal Gustavo Gelpí.

“Confío en que lo vamos a lograr”, expresó con firmeza la coronela Clementina Vega, directora de la Oficina de la Reforma en la Policía.

“(Desde hoy), se van a hacer revisiones periódicas para evaluar si la Policía está cumpliendo con lo que establece el acuerdo”, añadió.

La oficial explicó que el monitor federal designado por Gelpí, Arnaldo Claudio, evaluará si la Policía ha incorporado lo que se le ha requerido en las políticas que han sido firmadas.

Señaló que también observará si el personal ha sido adiestrado en cada una de las disposiciones contenidas en esas políticas, y si se están ejecutando debidamente.

“(Claudio) puede hacer las evaluaciones de diferentes formas, como visitando unidades de trabajo, solicitando documentos, estadísticas de cumplimiento y visitando la Academia (de la Policía en Gurabo)”, abundó Vega.

“También puede pedir que le muestren expedientes de miembros de la Policía para ver si ha tomado y participado en los adiestramientos requeridos y si esos adiestramientos que tomó corresponden a las políticas vigentes”, enfatizó.

Asimismo, reconoció que este proceso puede implicar la detección de tendencias o patrones que necesiten medidas correctivas a través de una metodología que preparó Claudio y que ya fue aprobada por el juez Gelpí, después que fuera revisada por la Policía y el Departamento de Justicia federal.

“Ya lo sometió a la oficina. Ahora, en la semana (que comienza hoy), empezamos ciclos de orientaciones a los miembros de la Policía para que conozcan la forma en que el monitor va a medir el cumplimiento”, comentó.

No más prórrogas

El juez Gelpí había advertido que no aprobaría prórrogas adicionales a las 33 actividades de los planes de acción a las que concedió tiempo adicional.

Vega dijo que esas 33 prórrogas corresponden a apenas un 6% de las 568 actividades incluidas en la Reforma. Y destacó que, de esa cantidad, 23 se relacionan con atrasos causados por el huracán María, pues tienen que ver consistemas tecnológicos y de infraestructura afectados por el ciclón.

“Se trabajan por fases, y se atrasó por María. En algunos, estamos en el principio oa mitad del proceso. Tienen que ver con políticas que necesitan alguna colaboración externa… No tiene que ver con falta de la agencia. Pero se va a completar porque creemos que es necesario”, subrayó Vega.

Ante la proximidad de la nueva fase, Gelpí alertó, durante una vista en agosto, sobre las implicaciones de incurrir en algún incumplimiento.

“No quiero sonar drástico, pero el incumplimiento podría conllevar penalidades económicas o no económicas, desacato o sindicatura”, aseveró el juez Gelpí entonces.

A cinco años de la Reforma, Vega insistió en que la Policía “hizo lo que le correspondía”, y está lista para cumplir.

No obstante, reconoció que el gran reto será atender todas las exigencias nuevas, en momentos en que se necesitan más agentes para cumplir con el servicio que ofrece ese cuerpo de seguridad.

“En términos generales, sí nos preocupa (el cumplimiento con) los adiestramientos”, comentó. “Sí, se están dando, pero hay algunos que antes eran cada dos años y ahora serán cada año, como el adiestramiento del ‘uso de la fuerza’”.

“Tenemos que cumplir con que vayan a los adiestramientos, que den el servicio de prevención contra el crimen y que tengan el tiempo para el derecho que tienen los empleados a sus licencias”, abundó.


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