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El Departamento de Corrección y Rehabilitación planifica enviar reos a instituciones penales en Estados Unidos (horizontal-x3)
El Departamento de Corrección y Rehabilitación planifica enviar reos a instituciones penales en Estados Unidos. (GFR Media)

Washington - La Federación Estadounidense de Empleados de Estatales, de Condados y Municipales (AFSCME) advirtió a la Junta de Supervisión Fiscal que el plan del gobernador Ricardo Rosselló para enviar prisioneros a cárceles en Estados Unidos va a aumentar el déficit fiscal, en vez de los ahorros que persigue.

“Estamos frustrados e indignados de que el gobernador Rosselló siga haciendo afirmaciones falsas de que su plan de privatización realmente le ahorrará dinero a Puerto Rico", indicó Steven Kreisberg, director de investigación y negociación colectiva de AFSCME, en la carta enviada ayer a la junta que controla las decisiones fiscales del gobierno de la Isla.

La carta también está firmada por la presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Annette González Pérez.

Tanto Kreisberg como González Pérez argumentaron que el plan de Rosselló para enviar prisioneros a cárceles en EE.UU. aumentaría el déficit del gobierno en $ 46.6 millones anuales, en vez de lograr $ 46.9 millones en ahorros como dice el gobernador.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ya abrió una convocatoria para recibir propuestas para su proyecto, el cual ha sido cuestionado por más de 30 miembros del Congreso.

Recientemente, 35 miembros del Congreso exhortaron a Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, a rechazar cualquier idea que suponga privatizar servicios del sistema correccional, por considerar que no rendirá beneficios financieros y tiene problemas constitucionales.

“No solo las prisiones privatizadas son conocidas por proveer condiciones inhumanas con el objetivo de ahorrar dinero, sino que desgarran a las familias y obstaculizan una rehabilitación significativa. Este esfuerzo vergonzoso pone las ganancias antes que el bienestar de los reclusos, y debe ser rechazado por la Junta”, indicó entonces la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), al divulgar una carta de dos senadores y 33 congresistas en la que expresan al gobernador y la dirección de la junta, que entregar servicios del sistema de corrección no es una buena idea.


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