Los abogados de defensa solicitaron en una moción conjunta que el gobierno revele quién los identifica a ellos. (Teresa Canino )

El agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, quien investigó e identificó a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) quienes interrumpieron la reunión de la Junta de Gobierno, en 2017, tendrá que testificar sobre el modo en que se identificó a los universitarios, luego de que la defensa planteó que hubo procesamiento selectivo.

La jueza Eloína Torres Cancel determinó hoy, lunes, que el ex agente Luis Muñiz tendrá que comparecer como testigo de defensa el 21 de diciembre, en que se celebrará una vista para atender la moción de procesamiento selectivo presentada por los siete universitarios contra quienes pesan cargos de delito contra el derecho de reunión, restricción de libertad agravada y empleo de violencia e intimidación contra la autoridad pública.

Muñiz comparecerá mediante video conferencia dado a que el exagente del CIC emigró a Florida y los abogados de defensa informaron que no podían costear su viaje a Puerto Rico.

También está citada como testigo la portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer, quien aparecía identificada como sospechosa en un documento en poder de la Policía, a pesar de que ella no participó de la manifestación.

La identificación de los estudiantes como sospechosos de crimen se dio mediante un alegado informante del gobierno, que entregó a la Policía un documento que identificaba a los acusados y a personas que ni siquiera participaron en la manifestación, por su afiliación al Partido del Pueblo Trabajador (PPT) y al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

A diferencia de los demás acusados, una fiscal fue quien entró al perfil de Facebook del PPT para identificar a la joven Alexa Paola Figueroa como sospechosa, según documentos del caso.

Los demás acusados en este caso son Gabriel Díaz Rivera, Verónica Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González y Juan Carlos Collazo Vázquez.

A partir de la evidencia presentada en la vista pautada para el 21 de diciembre, la jueza Torres Cancel determinará si ordena un descubrimiento de prueba adicional.

Los abogados de defensa solicitaron en una moción conjunta que el gobierno revele quién los identifica a ellos, quién es el alegado informante y cuál criterio se utilizó para acusar a esos siete estudiantes dentro de los 60 manifestantes que habían ese 27 de abril de 2017, explicó la abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal, María Soledad Sáez.

Nosotros no tenemos cómo contrainterrogar a la persona que los identificó, eso es un derecho fundamental. A casi tres años del caso, no tenemos idea de cómo identificaron a esos muchachos”, expresó Sáez.

“Como en la identificación de estos estudiantes hay un factor político, nosotros pensamos que el criterio que utilizaron es que ellos eran más activos o tenían posiciones de liderato en la huelga estudiantil”, agregó la abogada.

Posible desestimación para dos estudiantes

Por otro lado, los abogados Oscar Martínez Borrás y Juan Ramón Acevedo presentaron una moción de desestimación argumentando que, en el caso de sus representados, “no se cumplen los elementos de restricción de libertad agravada”, expresó Martínez Borrás.

Se trata de los universitarios Gabriel Díaz Rivera y Francisco Santiago Cintrón, contra quienes un juez determinó que no había causa para el arresto o la citación al Tribunal en cuanto a los cargos de empleo de violencia e intimidación contra la autoridad pública.

Los abogados plantearon la incongruencia de que les hayan acusado de restricción de libertad agravada, cuando un juez ya determinó que no existe prueba suficiente de que los jóvenes usaron violencia o intimidación durante la manifestación. El delito de restricción de libertad agravada se comete “mediante violencia, intimidación, fraude o engaño”, según el Código Penal.


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