Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

La caso contra la exsenadora continúa por los cargos de falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados, perjurio y violación a la Ley de Ética Gubernamental

El exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, reiteró hoy, lunes, que pagó $2,000 a la exlegisladora Mari Tere González  a finales de 2012, y le saldó una deuda que tenía con una imprenta de entre $300 y $400.

Ninguno de los dos pagos figuran en los informes financieros que sometió González a la Oficina de Ética Gubernamental, según fueron presentados hoy en la sala 606 del Centro Judicial de San Juan, durante la continuación de la vista preliminar contra la exsenadora.

González fue acusada por 13 cargos de violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental e incurrir en transgresiones de falsedad ideológica, perjurio y posesión y traspaso de documentos falsificados.

La pesquisa contra González comenzó después de que decidiera acogerse a su derecho a no incriminarse, cuando fue confrontada con el alegado pago de los $2,000, durante el juicio federal contra Hernández y otros tres coacusados por un esquema de corrupción gubernamental.

Hoy, a preguntas de Ramón Mendoza, de la oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), Hernández indicó que le entregó los $2,000 “en una reunión en Aguadilla… Fecha y lugar exacto, no recuerdo”.

Como testigo de cargo contra González, explicó que había anotado en su teléfono celular que había hecho el pago, al igual que hacía con otras transacciones similares, de manera que luego se le solicitaba a sus socios que les repusieran sus respectivas partes de esos pagos.

Las denuncias los fiscales especiales alegan que la exlegisladora realizó gestiones para ayudar a Hernández Pérez y a su socio Héctor Vargas Soto, quienes habían apoyado su campaña electoral, a obtener contratos gubernamentales, que generaron ingresos al dúo de entre $300,000 a $2,000,000.

También le imputan a González mentir en los informes anuales que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental sobre el pago del alquiler de su residencia porque Vargas Soto le cedía la vivienda “sin pagar cánones de arrendamiento”.

Sobre este ángulo, los fiscales sentaron a testificar a Juan Báez Santiago, auditor senior de la Oficina de Ética Gubernamental y quien tenía asignado darle seguimiento a las radicaciones de los estados financieros por parte de González durante el cuatrienio de 2012 y 2016.

El primer informe incluía los ingresos que había tenido en el año natural de 2012, en los que no figuró los pagos de Hernández.

Durante su interrogatorio, también validó el contenido de los informes presentados, en sala en los que González informó bajo juramento sus lugares de residencia. En algunos años dijo que había vivido en una propiedad del doctor Rolando Jiménez en Isabela. En otros sostuvo que vivió enun apartamento del mismo doctor en Aguadilla.

En los mismos documentos sometidos a la OEG, González indicó que había pagado la renta de esas propiedades a Jiménez. Algunas anualidades eran de $9,000 y otras de $12,000.

Sin embargo, en una audiencia anterior de la vista preliminar, Jiménez testificó que él no tenía una propiedad en Isabela y que durante esos años no recibió pagos de González.

El auditor también señaló que parte de los requerimientos de información solicitados por la OEG a González durante su incumbencia estaban relacionados al préstamo que tenía de una cooperativa de $33,000 que fue transada por $20,000.

El auditor indicó que, según el informe, esos fondos fueron una donación del hermano de González. Luego indicó que, cuando le preguntaron si había notificado esa donación al Departamento de Hacienda. Ella les contestó que por falta de información habían dado la impresión de que había sido donado, cuando en realidad ella se le debía ese dinero a su hermano, y que por eso no era necesario informarlo a Hacienda.

Esta línea de preguntas fue objetada por el abogado de la defensa, Yuseph Lamboy López, reclamando que ese asunto no guardaba relación con los cargos sometidos por el FEI.

Previamente, además, Lamboy López había intentado poner duda la versión de Hernández sobre el pago a González.

“La prueba no ha podido establecer intención criminal. No la hay. No existe”, sostuvo Lamboy López al salir de la sala.

“Cuando le pregunto de los $2,000 no recuerda. Él no sabe diferenciar entre si le dio una bolsa de pesetas y dinero. ¿Realmente le debemos creer? Todo el mundo sabe que no”, afirmó.

La vista se detuvo cuando le tocaba el turno a Lamboy López de contrainterrogar al auditor de OEG, quien es el último testigo presentado por los fiscales.

El juez Rafael Taboas Dávila pautó la continuación de la vista preliminar para el próximo 6 de febrero.


💬Ver 0 comentarios