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A Rafael Ramos Sáenz se le imputa haber violentados los cánones de ética judicial al participar activamente en la campaña de un partido político, acción que está prohibida en el Canon 28. (semisquare-x3)
A Rafael Ramos Sáenz se le imputa haber violentados los cánones de ética judicial al participar activamente en la campaña de un partido político, acción que está prohibida en el Canon 28. (André Kang)

Aunque incapacitado de entrar en los méritos de las denuncias en contra del suspendido juez Rafael Ramos Sáenz, el presidente de la Asociación de Miembros de la Judicatura, el honorable Carlos G. Salgado Schwarz, reconoció que enfrentarse a la imputación de este tipo de actos “empaña el trabajo de jueces dedicados, trabajadores y honestos”

“El pueblo puertorriqueño debe tener la confianza de que nuestro sistema de justicia es uno independiente, libre de intervenciones y con normas jurídicas y reglas procesales uniformes que garantizan que los casos se adjudiquen conforme a Derecho. Los jueces reconocemos el privilegio que conlleva vestir nuestra toga y el ejercicio solitario e independiente de nuestra función adjudicativa, por lo que en tiempos difíciles, estamos llamados a honrarla con mayor rigor”, expresó Salgado Schwarz en declaraciones escritas suscritas también por la Junta de Directores de la Asociación. 

A Ramos Sáenz se le imputa haber violentados los cánones de ética judicial al participar activamente en la campaña de un partido político, acción que está prohibida en el Canon 28. Igualmente, se le adjudica consultar -como parte de sus funciones como presidente de la local de Moca de la Junta de Inscripción Permanente (JIP)-  determinaciones con miembros de la colectividad antes de ser resuelta, lo que podría haber afectado el proceso eleccionario del pasado noviembre.    

“Un acto aislado, de probarse en su día, no puede empañar el sacrificio, el trabajo dedicado y honrado de cientos de jueces de nuestro sistema. Confiamos que las imputaciones en contra del juez superior se investiguen y se adjudiquen prontamente”, concluyó Salgado Schwartz. 

Tras el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, hacer público el intercambio de mensajes que involucra a otros funcionarios activos en el Gobierno, Ramos Sáenz renunció a su cargo y enfrenta una investigación por parte del Departamento de Justicia. Mientras hoy, domingo, el presidente de la Pava, Héctor Ferrer, se querelló ante las autoridades federales para que asuman jurisdicción por posible conspiración y violación a la ley de campañas federal. 

La Administración de Tribunales también realiza una evaluación de los hechos. Como medida cautelar fue relevado de sus funciones judiciales.


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