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El recurso legal fue presentado por el alcalde en compañía de 26 padres de distintos municipios. (GFR Media)

El municipio de Añasco presentó una acción civil en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez en contra del Departamento de Educación (DE) para ordenar que se paralice el cierre de las escuelas de dicho pueblo.

El interdicto preliminar, presentado por el alcalde Jorge Estévez acompañado de 26 padres de distintos sectores del municipio, expresa que el cierre de los planteles Parcelas María y Mariana Bracetti se llevaron a cabo sin seguir el debido proceso de ley de forma “arbitraria e inconstitucional”.

Una acción civil inicia el proceso judicial para efectuar un reclamo frente a un adversario cuando el proceso es contradictorio.

El recurso establece que el DE tiene la obligación en ley de garantizar que la educación esté disponible para todos los sectores de la población, incluyendo a las comunidades con mayores limitaciones como son el barrio Piñales y el barrio María de Añasco.

“La actuación del DE no cumplió con el debido proceso de ley siendo uno arbitrario, ilegal y caprichoso contrario a los mejores intereses de la población escolar que será afectada por el cierre de las escuelas a la que asisten en su comunidad”, dicta el recurso legal.

El Departamento de Educación había cerrado las escuelas de Quebrada Larga, Ovejas y Segunda Unidad Playa, todas de kínder a quinto grado.

 ''El cierre de la Escuela de Parcelas María y Escuela Mariana Bracetti de Añasco representa limitar e impedir el acceso a la educación garantizado por la Constitución de Puerto Rico, lo que se traduce en un pobre acceso a la educación elemental en el pueblo de Añasco'', reza el interdicto.  

La semana pasada el juez Santiago Cordero Osorio emitió un interdictoprovisional para que el DE paralice el cierre de seis escuelas en la regióneducativa de Arecibo.

El fallo del juez establece un cese y desista de todo trámite administrativo dirigido al cierre de las escuelas Laurentino Estrella Colon, en Camuy; Joaquín Rodriguez Ruiz, en Hatillo; Ramón Ávila Molinari, en Quebradillas; Rosa M. Rodríguez, en Vega Baja; S.U. Ramon E. Betances en Arecibo y la escuela Julio Lebrón Soto, en Lares. 

El DE sostuvo mediante declaraciones escritas a endi.com que esta “es una orden interlocutoria en lo que se examina el caso en sus méritos”. 

“La apertura y el cierre de los planteles está bajo la potestad de la secretaria de Educación y así lo establece laLey 85 de 2018 (Ley de Reforma Educativa”.


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