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Luis Castro Agis a su salida de la sala en el Tribunal Superior de San Juan. (Xavier J. Araújo Berríos)

La jueza superior de San Juan, Eloina Torres Cancel, pautó para finales de febrero de 2019, el juicio contra el ex administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Luis Castro Agis, por alegados delitos de malversación de fondos y uso de su posición para obtener un beneficio ilegal.  

Aunque la selección del jurado estaba pautada para comenzar el jueves, se aplazó para febrero luego que el abogado de defensa, Francisco Reyes Caparrós, comunicó el interés de negociar con las fiscales Zulma Fuster Troche e Iris Meléndez Vega para llegar a un acuerdo.

“Nunca cierro las posibilidades de un acuerdo. Podemos sentarnos y las cuestiones de derecho en las que no podamos llegar a un acuerdo, hay que litigarlo. Creemos en la inocencia de nuestro cliente, pero tenemos que sopesar todo”, contestó Reyes Caparrós al salir de sala.

Estableció, a preguntas de este diario, que su interés es que Castro Agis no pase tiempo en prisión.  

Torres Cancel pautó una vista de estatus para el 23 de enero, en la que las partes le comunicarán al tribunal si alcanzaron un acuerdo. Si la defensa no presenta una oferta que satisfaga al Ministerio Público, el juicio comenzará el 25 de febrero, con la selección del jurado.

La ex secretaria de la gobernación bajo la administración de Alejandro García Padilla, Ingrid Vila Biaggi, estuvo presente en sala como una de las testigos de fiscalía.

Se presentará también como testigo de cargo el contratista convicto por corrupción, Anaudi Hernández Pérez, así como su socio de negocios, Héctor Vargas Soto.

Castro Agis fue acusado criminalmente el 12 de julio de 2017. Se le acusa de recibir dinero en efectivo y privilegios de parte de Hernández Pérez y Vargas Soto a cambio de otorgarles un contrato por $380,000 a la empresa 3Comm Global.

Cuando se inició la investigación federal sobre los actos de corrupción de Hernández Pérez, la entonces secretaria de la gobernación, Ingrid Vilá, ordenó cancelar el contrato de 3Comm Global.

Según el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Hernández Pérez y Vargas Soto le cambiaron el nombre a la empresa a Eko Technologies para continuar con el contrato.

Castro Agis enfrenta otro cargo por perjurio, ya que no reportó ese ingreso en sus informes ante la Oficina de Ética Gubernamental. Por los delitos de malversación de fondos, violación ética y perjurio, se expone a una pena carcelaria de hasta 15 años.


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