Miembros de la APPU en una asamblea en la UPR Carolina en 2017. (GFR Media) (semisquare-x3)
Miembros de la APPU en una asamblea en la UPR Carolina en 2017. (GFR Media)

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y nueve profesores integrantes de la entidad presentaron ante el Tribunal Federal una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por haber incluido en el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) modificaciones al Sistema de Retiro, alegando que el ente fiscal carece autoridad para ello, informó el miércoles el presidente de la APPU, Ángel Rodríguez.

 “El Sistema de Retiro, como un fideicomiso, es autónomo y completamente independiente y separado de los estados individuales de los fiduciarios”, lee la demanda.

Los demandantes alegan que no existe una disposición legal que le confiera a la JSF, la facultad para supervisar el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR. 

“La Junta Fiscal excedió su poder al recomendar reducir las pensiones y congelar el plan de pensiones definidas y de por vida, en perjuicio de los empleados y pensionados de la UPR”, señaló en un comunicado el profesor Javier Córdova, vicepresidente de la APPU y también demandante.

La APPU demandó, también, a los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR y al presidente del sistema universitario, Jorge Haddock Acevedo, por el incumplimiento de sus deberes.

La Junta de Gobierno, indican, ha descuidado su deber fiduciario al no hacer los pagos que le correspondían hacer al patrono UPR, permitiendo el deterioro de la estabilidad económica del fideicomiso y fallando en proteger los activos. También alegan que Haddock Acevedo no ha presupuestado ni ha pagado los plazos vencidos que adeuda la UPR al Fideicomiso.

“Mientras los empleados cumplimos fielmente con las aportaciones individuales requeridas y con el pago de préstamos para lograr una mejor pensión, la UPR no cumple con el pago de su deuda al Fideicomiso”, señaló la profesora jubilada y demandante Yohana De Jesús.

“El Dr. Haddock dice que los recortes son manejables y que la reserva de dinero de la UPR aumentó, pero cierra plazas, le paga salarios miserables a los docentes por contrato, pretende reducir el beneficio de plan médico a los empleados y empleadas; y mientras tanto asegura su salario de $240 mil anuales, el más alto que haya cobrado un presidente en la historia de la Universidad de Puerto Rico”, agregó.

Por su parte, Rodríguez invitó a Haddock Acevedo a unirse al reclamo de la comunidad universitaria, de la APPU y de los representantes estudiantiles y claustrales en la Junta de Gobierno para que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares cumpla con la Ley 2 de 1966 y asigne a la UPR los fondos que necesita para continuar su misión educativa de excelencia.

“Es su obligación salvaguardar el recurso humano, cumplir con sus obligaciones contractuales, proveer materiales y equipo; y asegurar un ambiente de trabajo seguro y adecuado para la educación, la investigación y las prácticas educativas y comunitarias que realizamos en la UPR”, enfatizó.

Los demandantes reclamaron al Tribunal que declare nula cualquier participación de la JSF en la operación del Sistema de Retiro de la UPR o en sus beneficios; que decrete que la Junta de Gobierno de la UPR no puede obedecer las instrucciones de la JSF en relación con el Fideicomiso de Retiro UPR; que ordene a la Junta de Gobierno a pagar lo que adeuda, así como las pérdidas que le ha causado al Fideicomiso por su incumplimiento; que le remueva la fiducia del Sistema de Retiro a la Junta de Gobierno y la transfiera a la Junta de Retiro; que le ordene al presidente de la UPR y a la Junta de Gobierno que aseguren el cumplimiento de la Ley 2 de 1966; y que ordene cualquier remedio que proceda.

Puede acceder a la demanda aquí


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