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En la foto cuatro de los miembros de la JSF. (GFR Media)

A solo horas de que la magistrada Judith Dein decida si emite un interdicto contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para frenar la usurpación de los poderes ejecutivos como alega el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la aseguradora Assured Guaranty ha demandado al organismo creado por la ley federal Promesa.

Assured –que posee bonos del gobierno y también garantiza deuda emitida por el territorio estadounidense- radicó un nuevo proceso adversativo contra la JSF este lunes alegando que los nombramientos de los directivos de la JSF son contrarios a la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.

Ante esa realidad, según Assured, el proceso de Título III que sigue con la Autoridad de Carreteras y Transportación debe desestimarse.

Según la aseguradora municipal, el recurso adversativo fue radicado, pues Assured espera participar del proceso de apelación en el caso incoado por Aurelius Management y que perseguía anular el proceso de Título III del gobierno central.

Hace poco más de una semana, la jueza Laura Taylor Swain desestimó ese pedido señalando que Puerto Rico y sus residentes, por ser un territorio de los Estados Unidos, están sujetos a que el Congreso estadounidense arrogue o modifique cualquier ley adoptada por el territorio. Según la jueza que preside los casos de Título III, el estatuto federal que se creó para renegociar la deuda de la isla, establece que la JSF es una instrumentalidad del gobierno territorial y por ende, la cláusula de nombramientos en la constitución estadounidense –que exige que las designaciones de ciertos oficiales federales requieran la confirmación del Senado federal- no aplica.

Aurelius apeló el fallo de Swain al Primer Circuito de Apelaciones.

“La decisión de Assured de radicar esta demanda responde a los evidentes defectos constitucionales en el proceso de nombramientos de la JSF y el patrón consistente de exceder su autoridad legal e ignorar las protecciones a los acreedores y los requisitos legales incluidos en Puerto Rico”, indicó Assured en una declaración en la que dio a conocer el litigio.

“Aunque en principio, creímos que el marco de trabajo de Promesa, si bien imperfecto, minimizaría la interferencia política, aceleraría las negociaciones que son necesarias y limitaría los litigios que evitaría la recuperación de la isla, la postura de hacer caso omiso al estado de derecho por parte de los miembros de la JSF ha tenido un efecto opuesto, llevándonos a reexaminar la manera en que fueron designados”, indicó el principal oficial ejecutivo de Assured, Dominic Frederico.

Según Assured, las decisiones de la JSF “han hecho daño a los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico”, mientras el organismo federal ha facilitado que “un grupo de abogados, consultores y cabilderos de alto precio, estén haciendo ganancias” al retrasar los procesos y continuar con litigios, en lugar de promover acuerdos consensuales.

Assured radica este nuevo proceso adversativo luego de que a principios de año, no prospera en un reclamo contra la JSF y la ACT. Específicamente, Swain denegó un pedido de Assured a la corte para requerir que Bank of New York Mellon –custodio de la deuda de la ACT- continuara pagando los bonos de la corporación pública de las cuentas de reserva. La jueza concluyó entonces que la sección 305 de Promesa le impide emitir fallos que resulten en una interferencia con el disfrute de la propiedad del deudor, en este caso, la ACT.

El año pasado, también falló contra la firma Peaje Investment, dueña de unos $65 millones en bonos de la ACT. La firma pidió sin éxito a la corte, que la ACT continuara destinando la partida de los peajes comprometida para el pago de esa deuda a las cuentas de reservas requeridas en los contratos de bonos.

En ese fallo, Swain concluyó que Peaje no pudo demostrar que en efecto, los bonistas sean dueños de los recaudos de peajes, siendo este el colateral de ciertos bonos de la ACT. Esto, porque según el análisis de la jueza, ni la ley que permitió pignorar los recaudos de peajes ni la resolución de bonos de la ACT de 1968 crearon un derecho estatutario sobre esa partida de fondos para los bonistas. Ese caso se encuentra en el Circuito de Apelaciones.

Assured regresa al campo legal mientras mañana, la magistrada Dein atiende el pedido de interdicto del gobierno contra la JSF en el caso de la implementación del presupuesto.


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