Positivo el expresidente cameral y su abogado, José Andreu, que todos los cargos van a ser desestimados.

La lista de asuntos por resolver en las tres etapas del proceso judicial relacionado al caso de corrupción contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y otros, es tan larga que nadie esta tarde se atrevió a anticipar cuándo comenzará a desfilar prueba en la vista preliminar.

Por lo pronto, hoy, jueves, la jueza Ada López Santiago, de la sala 605 del Tribunal de San Juan, repasó con la defensa y los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente el tracto procesal de cada acusado y se pautó una nueva vista de estado de los procedimientos para el 15 de noviembre.

En el caso de Perelló, los fiscales Ramón Mendoza y Leticia Pabón insistieron esta tarde en sala que buscan sacar del caso a unos de los representantes del político, José Andreu Fuentes, quien en el pasado ha sido uno de los abogados de uno de los testigos de cargo: Lutgardo Acevedo. La decisión sobre si Andreu Fuentes se queda en el caso o no está en manos del juez Rafael Taboas.

También, en relación con Perelló, el lunes la jueza Geisa Marrero presidirá una vista argumentativa en que la fiscalía intentará nuevamente presentar una serie de cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental contra el expresidente de la Cámara. Estos cargos fueron desestimados en el Tribunal de Primera Instancia y en el Tribunal de Apelaciones.

La defensa de Perelló recibió una victoria cuando el Tribunal de Apelaciones falló a su favor al determinar que tres cargos -relacionados a la omisión de reportar en sus informes ante la Oficina de Ética Gubernamental un donativo de $10,000 de parte de Lutgardo Acevedo- no procedían ya que esta oficina no tiene jurisdicción sobre miembros de la rama legislativa. Algunos de estos cargos fueron sometidos nuevamente con variaciones en las denuncias y Marrero atenderá el asunto el lunes.

“No es fácil, pero tenemos la verdad. Estoy tranquilo y según pasa el tiempo se descubre la verdad. Estoy trabajando, manteniendo a mis hijos y echando para adelante”, dijo Perelló a la prensa al salir de sala.

Andreu Fuentes anticipó que los fiscales insistirán en sacarlo del caso.

“Ellos van a seguir haciendo eso”, dijo.

Cuando se le preguntó si desistiría en su intento de descalificar a Andreu Fuentes si estos cargos relacionados a Acevedo no prosperan, Mendoza lo rechazó con un contundente “no”.

“No tiene nada que ver. Es una representación conflictiva, de conflicto de interés y no debe haber eso en un caso en que tenemos un testigo de cargo”, dijo al aludir a Acevedo. “Es el conocimiento que tenga el abogado de la información que el testigo (del Estado) pueda vertir o información relacionada a ese cliente anterior. Lutgardo, como hemos advertido al tribunal, puedeser utilizado como testigo para otros asuntos”, dijo Mendoza.

Otro coacusado, Glenn Rivera Pizarro, espera porque Taboas resuelva una petición de su abogado, Juan Masini Soler, para que desestime los cargos en su contra amparándose en el principio de doble exposición.

En síntesis, su defensa plantea que la conducta supuestamente incurrida y que le valieron acusaciones a nivel estatal por enriquecimiento injustificado, extorsión e intervención indebida en las operaciones gubernamentales es la misma por la que resultó convicto a nivel federal. Todo esto en medio un proceso irregular en la Cámara de Representantes con el que se le otorgó un contrato al también convicto recaudador popular Anaudi Hernández Pérez para instalar un cuadro telefónico que nunca funcionó en el cuerpo legislativo que presidía Perelló.

El abogado Ernesto Hernández Milán, por su parte, radicará en los próximos días una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones a favor de su cliente Xavier González Calderón, quien también reclama doble exposición al ser juzgado estatalmente por conducta ya procesada a nivel federal. González Calderón es el único de los acusados en el caso de Perelló que está preso y hoy llegó al Tribunal de San Juan con su uniforme color marrón.

El hombre cumple una sentencia carcelaria de tres años y cuatro meses por supuestamente ponerse de acuerdo con Rivera Pizarro y el asesor legislativo José Carrión para modificar el proceso de otorgamiento de un contrato de servicios de telefonía para la Cámara para lucro y beneficio personal y de terceras personas, en este caso Hernández Pérez, dueño de la compañía 3 Comm Global.

Perelló no fue acusado a nivel federal, pero testificó dos veces ante un Gran Jurado.

En la vista de hoy también estuvo presente Carrión, representado por los abogados Gabriel Hernández y Miguel Negrón, quienes plantean que el Panel del Fiscal Especial Independiente no tiene jurisdicción sobre su cliente. A nivel del Tribunal Instancia y del Tribunal de Apelaciones se ha fallado en su contra, por lo que podría enfrentar juicio con el resto del grupo.

“En Apelaciones, la defensa entendió que pueden hacer el planteamiento nuevamente en Instancia y eso es lo que está pendiente”, dijo Mendoza.

Un planteamiento similar al de Carrión lo ha hecho la defensa del abogado Ángel Muñoz Noya, quien enfrenta un cargo por violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas por aportar $10,000 al comité de campaña de Perelló al mismo tiempo que obtenía un contrato con la Cámara baja.

Muñoz Noya, quien ha elevado su reclamo de no ser juzgado hasta el Tribunal Supremo, formó parte del comité de finanzas del político.


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