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El exjuez de Aguadilla renunció a la Judicatura tras el escándalo del chat de WhatsApp. (Vanessa Serra Díaz)

El exjuez Rafael Ramos Sáenz regresará mañana al Centro Judicial de Aguadilla para enfrentar una vista, ante la jueza Leila Graulau Igartúa, en la que se determinará si irá a juicio por los delitos que se le imputan relacionados con su activismo político con el grupo del Plan para Puerto Rico (P3R).

Ramos Sáenz enfrenta 17 denuncias por el delito de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, una denuncia de enriquecimiento ilícito y otra por violación a reglas y reglamentos del Código Electoral.

En el 2015, mientras se desempeñaba como juez municipal en Aguadilla, Ramos Sáenz presuntamente participó activamente en el P3R, que se convirtió en el programa de gobierno del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Como parte de ese trabajo político, presuntamente usó su correo electrónico oficial de la Rama Judicial.

Al año siguiente, Ramos Sáenz fue asignado, como parte de sus funciones judiciales a presidir la junta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Moca. Desde ese cargo, supuestamente mantuvo comunicaciones con miembros del grupo del P3R a través de los chats de WhatsApp #TeamP3R-coffee break y P3R-estructura gerencial. Se le imputa que consultó con ellos y les compartió una decisión sobre una controversia electoral que tenía ante su consideración.

No obstante, los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza, Guillermo Garau e Iris Meléndez, quienes presentaron estas denuncias contra el juez, descartaron que esos miembros del P3R -la gran mayoría funcionarios de alto nivel- hayan delinquido y, en cambio, los incluyeron en su lista de testigos en el caso.

Comunicaciones

Las 17 denuncias por el delito de aprovechamiento ilícito de trabajos públicos tienen que ver con el presunto uso del correo electrónico oficial de la Rama Judicial, por parte del exjuez, para asuntos ajenos a sus funciones.

Las denuncias reflejan que en mayo, agosto y noviembre de 2015, el entonces juez municipal de Aguadilla envió, desde su correo personal y el de su esposa, a su correo electrónico oficial -y viceversa- varias comunicaciones relacionadas con las funciones que tenía con el P3R. También esos correos dan cuenta del intercambio de mensajes que mantuvo con la presidenta del P3R, Itza García, quien fue secretaria asociada de la Gobernación de esta administración.

Ramos Sáenz formaba parte del comité de trabajo que elaboraba la plataforma sobre el presupuesto base cero. A ese comité, pertenecía también la exjefa de la Administración para el Sustento de Menores Waleska Maldonado, los licenciados Leonardo Muñiz, Griselle Castro y Hans Mercado, como también Josué Negrón e Ivette Ortiz, según se desprende del informe de investigación sobre estos hechos que encomendó la Oficinade Administración de los Tribunales (OAT).

Según ese documento, el entonces juez usaba el correo oficial para enviarse comunicaciones sobre agendas y reuniones de trabajo del equipo del presupuesto base cero y del P3R, de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre otros asuntos.

Uno de los correos, precisa el informe, incluye datos sobre la “comida con RR2 y JGO ($45) 3 platos en convención; fecha de entrega de todo febrero de 2016; entrega de fase de trabajo a Griselle y al juez Ramos; y reunión de 14 de noviembre de 2015 en Guaynabo compulsoria”.

Aprovechamiento ilícito

Otras denuncias contra Ramos Sáenz por el delito de aprovechamiento ilícito incluyen comunicaciones electrónicas enviadas en mayo, junio, agosto y octubre de 2016 y en marzo de 2017.

Según refleja el informe de la OAT, esos correos consisten de comunicaciones sobre el reglamento del presupuesto base cero, de un folleto, mensajes con datos sobre la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y el Departamento de Hacienda.

También se le denunció por el uso del correo oficial para enviar mensajes sobre la preparación de la orden ejecutiva para implantar el presupuesto base cero. El 2 de enero de 2017, Rosselló Nevares firmó la normativa para que las agencias implementaran ese modelo presupuestario.

Así también, hay un correo electrónico enviado por García en el que la persona firmante se compromete a colaborar con el plan, a prestar servicios voluntarios a Rosselló Nevares o su representante autorizado y a entender que la información que recibe es confidencial y privilegiada.

Por otro lado, las denuncias por el delito de enriquecimiento ilícito y la de violación al Código Electoral se relacionan con la consulta de Ramos Sáenz y la publicación de una resolución sobre una controversia electoral que tenía ante sí por el voto de personas encamadas.

Las denuncias sostienen que, al hacer eso, el exjuez incumplió con sus funciones como presidente de la comisión local de Moca y buscó su beneficio personal al presuntamente utilizar información que solo pudo conocer por razón del ejercicio de su cargo para comunicársela a terceros identificados con el PNP, promoviendo así la intervención indebida de esas personas en esa controversia.


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