La vista preliminar se pautó para el 2 de octubre. (GFR Media)

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Caldero, anunció hoy, viernes, que separó de empleo y de sueldo al policía Efraín Correa, contra quien se radicaron cargos por agresión sexual.

La decisión de Caldero se da después de que  la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Denisse N. Longo, y el fiscal de distrito de la Fiscalía de San Juan, Víctor Carbonell, informaran hoy  que presentaron dos cargos contra Correa por la presunta comisión del delito imputado.

"El caso seguirá su curso y tendrá la oportunidad de defenderse. Sin embargo, esta persona no tiene espacio en este honroso cuerpo", afirmó Caldero, en un comunicado de prensa.

"Con esta medida, lanzamos un mensaje claro a que conductas impropias de esta naturaleza que atentan contra el bienestar y la dignidad de los ciudadanos a los que estamos obligados a proteger, no van a quedar impunes y se asumirá las consecuencias con el rigor y el peso de la ley", agregó.

Según la investigación a cargo de la fiscal Laura Hernández Gutiérrez y de la agente Yisel Torres Román de la División de Delitos Sexuales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, se alega que Efraín Correa utilizó fuerza física e intimidación contra la víctima e incurrió en actos de violación al artículo 130 por Agresión Sexual, mientras se encontraba en funciones. 

El juez Rafael Parés, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Correa.

Caldero explicó que La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones de la Policía Estatal asumió jurisdicción sobre el caso y llevó a cabo la investigación.

"Se ha aplicado el reglamento de la Policía Municipal en su forma más severa. La alcaldesa ha sido clara en su política pública de protección de la dignidad y la seguridad de nuestros ciudadanos", concluyó Caldero.

De acuerdo a las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre cuando el ahora imputado se personó a la residencia de la perjudicada para citarla al tribunal por una intervención por ley 22 (Ley Vehicular) y cometió los hechos.

La fianza total impuesta fue de 150,000 dólares y la vista preliminar fue pautada para el 2 de octubre. 


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