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Los fiscales Ramón Mendoza y Leticia Pabón confirmaron que quedan 12 cargos que mantienen a la exsenadora Mari Tere González acusada de falsedad ideológica, perjurio y posesión y traspaso de información falsa

El juez Rafael Taboas del Tribunal de San Juan determinó causa probable en 12 de los 13 cargos contra la exsenadora Mari Tere González

Como cierre a la vista preliminar, el Tribunal halló no causa en el cargo por violación al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

El abogado de González, Yuseph Lamboy, indicó que: “lo más importante es que el caso más fuerte que tiene el PFEI (Panel del Fiscal Especial Independiente) se cayó”.

Sin embargo, los fiscales Ramón Mendoza y Leticia Pabón confirmaron que quedan 12 cargos que mantienen a la exsenadora acusada de falsedad ideológica, perjurio y posesión y traspaso de información falsa.3

Uno de los testigos principales en la pesquisa contra la exseandora es el convicto exrecaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández

La investigación contra González comenzó después de que decidiera acogerse a su derecho a no incriminarse, cuando fue confrontada con el alegado pago de $2,000 durante el juicio federal contra Hernández y otros tres coacusados por un esquema de corrupción gubernamental.

El pasado 5 de febrero, durante la vista preliminar con la exsenadora, Hernández reiteró que realizó el pago, y le saldó una deuda que tenía con una imprenta de entre $300 y $400. Ninguno de los dos pagos figuran en los informes financieros que sometió a la Oficina de Ética Gubernamental.

Las denuncias los fiscales especiales alegan que la exlegisladora realizó gestiones para ayudar a Hernández Pérez y a su socio Héctor Vargas Soto, quienes habían apoyado su campaña electoral, a obtener contratos gubernamentales, que generaron ingresos al dúo de entre $300,000 a $2,000,000.


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