Si la controversia llega a los foros de apelaciones y más tarde al Tribunal Supremo de EE.UU., la reestructuración de la deuda de la isla pudiera estancarse hasta el verano de 2019, según expertos. (horizontal-x3)
Si la controversia llega a los foros de apelaciones y más tarde al Tribunal Supremo de EE.UU., la reestructuración de la deuda de la isla pudiera estancarse hasta el verano de 2019, según expertos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Washington - El Tribunal de Reclamaciones Federales determinó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es una entidad federal, con lo que contradice a la jueza de bancarrota Laura Taylor Swain en un caso en el que firmas de bonistas del gobierno de Puerto Rico sostienen que el gobierno de Estados Unidos también tiene responsabilidad sobre la deuda pública de la isla.

La decisión no solo choca con la opinión de la jueza Swain, sino que, según expertos, pudiera tener el efecto de, por lo menos, retrasar o complicar los planes para lograr reestructurar este año la deuda de más de $70,000 millones de Puerto Rico.

En términos concretos, el Tribunal de Reclamaciones Federales, con base en Washington D.C. y su propio circuito de apelaciones, rechazó desestimar una demanda de firmas de bonistas que sostienen que Estados Unidos tiene responsabilidad en el manejo de la deuda pública de Puerto Rico, y que la JSF, que controla las finanzas públicas de la isla, es su representante.

Para esas firmas de inversiones, entre ellas Glendon Capital y Oaktree Capital Management, la Junta puede estar confiscándole dinero sin el debido proceso de ley, uno de los derechos fundamentales que bajo la Constitución de EE.UU. aplican en Puerto Rico.

Al decidir que la JSF es una entidad federal, la jueza presidenta del Tribunal de Reclamaciones Federales, Susan Braden, determinó además que el caso presentado por fondos de cobertura de riesgo debe quedar paralizado en espera de que se decidan las impugnaciones constitucionales de la Ley Promesa presentadas por la firma Aurelius y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) ante la jueza Swain.

La decisión de la jueza Braden fue emitida el pasado viernes, el mismo día en el que la jueza Swain -nombrada por el juez presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, a dirigir el proceso judicial de bancarrota del gobierno de Puerto Rico-, resolvió, en respuesta a una moción de Aurelius, que los nombramientos hechos a la JSF son constitucionales.

Bajo el criterio de la jueza Swain, el poder del Congreso es tan amplio para legislar sobre los territorios, quitar y dar poderes, que las siete designaciones a la JSF no tenían que cumplir con la cláusula constitucional por la cual los nombramientos hubiesen tenido que ser hechos por el presidente y ser confirmados por el Senado estadounidense.

Braden, sin embargo, afirmó que el Congreso aprobó Promesa con el objetivo “federal” de estabilizar fiscalmente al gobierno de Puerto Rico. “El control federal es evidente porque el Congreso retiene el derecho a terminar la Junta de Supervisión si se cumple con ciertas condiciones”, indicó.

La jueza Braden mantuvo que el Congreso “ciertamente tiene autoridad para determinar qué provisiones constitucionales o leyes federales aplican en los territorios”, pero advirtió que a su vez el Tribunal Supremo de EE.UU. ha determinado que los derechos constitucionales federales fundamentales -como el debido proceso de ley- sí aplican a Puerto Rico.

“Esta decisión (de la jueza Braden) -que contrario a Swain hace referencia a los Casos Insulares- sigue complicando el panorama jurídico constitucional de Promesa. Este caso es una derrota judicial importante que enfrenta la Junta”, dijo ayer el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

El abogado John Mudd, experto en procesos de quiebras, piensa que Aurelius puede ir directamente al Primer Circuito de Apelaciones federales, con sede en Boston y jurisdicción sobre el tribunal de la jueza Swain, a apelar el caso. “Si tienes dos decisiones diferentes sobre el mismo punto, es el momento perfecto para pedir un certiorari y acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos”, sostuvo Mudd.

Rolando Emmanuelli, uno de los abogados de la Utier en su impugnación de la constitucionalidad de la Ley Promesa, considera que por la jueza Swain haber resuelto una moción, habrá que esperarse por la decisión pendiente sobre la Utier, o Aurelius pedir autorización a la jueza para acudir al Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

“Cuando se decida su caso, (la) Utier tiene derecho a apelar porque es un proceso adversativo”, dijo Emmanuelli.

Mudd piensa que, si las cosas se le complican al gobierno federal y se declara inconstitucional la conformación de la JSF, habrá un acuerdo político para confirmar a los siete miembros de la autoridad fiscal.

En ese sentido, Mudd piensa que la jueza Swain, con su decisión, trata de salvar el proceso de reestructuración de la deuda bajo el título III que impugna Aurelius, “y la única forma de mantenerlo ha sido decir que Puerto Rico es una colonia y el Congreso puede hacer lo que le da la gana”.


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