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Casi en la fecha límite para que el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas expresen sus argumentos en torno a la designación de un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) se opuso a esa medida, señalando que los bonistas de la corporación pública no tienen derecho a invocar ese remedio.

Anoche, el UCC presentó una moción de oposición a la jueza Laura Taylor Swain en la que plantea que, partiendo de la escritura de fideicomiso de los bonos de la AEE, los bonistas de la corporación pública solo tienen derecho sobre una porción de los ingresos netos de esa utilidad y no a sus ingresos brutos. Como resultado, alegó el UCC, los bonistas no tendrían derecho para solicitar la designación de un síndico en la AEE.

En dólares y centavos, indicó el UCC, el verdadero colateral al que tienen derecho los bonistas de la AEE apenas rondaría unos $33 millones y esa cifra, depositada en ciertas cuentas restrictas para el pago de la deuda, sería la fuente de repago de unos $8,300 millones en bonos de la corporación pública.

“Si la AEE opera en déficit, no hay, por definición, ingresos netos para ser depositados en los fondos especiales”, reza el argumento del UCC.

Según la escritura de los bonos de la AEE, los ingresos que genera la corporación pública se depositan en el fondo general de esa entidad y primero, deben utilizarse para cubrir los gastos operacionales de la utilidad. De ese fondo, alega el UCC, se transfiere una partida de los ingresos netos a un fondo de reserva, que en inglés se identifica como “Sinking Fund”, y de donde emana el pago a los bonistas de la AEE. Dicho fondo de reserva, a su vez, se divide en tres cuentas el fondo de reserva de mantenimiento, el fondo autoasegurado y el fondo de mejoras capitales.

“En consecuencia, los depósitos en los fondos específicos provienen de los ingresos netos de la AEE, no de sus ingresos brutos como plantean los promoventes”, reza el recurso del UCC que hace referencia a las secciones 503 y 505 de la escritura de fideicomiso de los bonos y al lenguaje de la última emisión de la AEE, vendida en el 2012.

En octubre del año pasado, Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee, Syncora Guarantee y ciertos bonistas de la AEE, presentaron una moción ante la jueza Swain para que se levante la suspensión automática de litigios provista en la ley federal Promesa. El objetivo de los acreedores de la AEE es que al dejar a un lado la suspensión automática de litigios, un tribunal pueda determinar si es hora de designar un síndico en la AEE ante sus crónicas deficiencias operacionales y su historial de pobre desempeño administrativo y financieras.

La moción fue radicada por los bonistas y aseguradores municipales luego de que el Primer Circuito de Apelaciones revocara a Swain -quien había negado el pedido para poner fin a la suspensión automática de litigios- y ordenara comenzar un nuevo proceso.

El pedido de ciertos acreedores de la AEE surge al tiempo en que la JSF y el gobierno buscan privatizar la red de transmisión y distribución, así como las tareas administrativas de la corporación pública a través de una alianza público privada, un proceso que está en curso y del cual, la JSF presentó un informe de actualización a Swain esta semana.

De acuerdo con el UCC, el colateral de los bonistas de la AEE no solo estaría limitado a la cifra de $33 millones en las cuentas restrictas para el pago de la deuda, sino que dichas cuentas estarían recibiendo intereses. Como resultado, dice el UCC, en lugar de que el colateral de los bonistas de la AEE vaya en descenso, el valor de este iría al alza.

Según el escrito del UCC, presentado por el asesor legal principal del grupo, Luc A. Despins, del estudio legal Paul Hastings, la situación de los bonistas de la AEE no es muy distinta a la que se dio en Las Vegas Monorail Co., la operadora del tren ligero que discurre por el llamado “Strip” de uno de los enclaves turísticos de Nevada. En ese caso, que fue a la bancarrota para el 2010, la jurisprudencia estableció que el interés propietario de esos bonistas se limitaba a los ingresos netos de esta operación.

Lo que dicen los acreedores

Sin embargo, la postura de las aseguradoras municipales y ciertos bonistas de la AEE es distinta.

De entrada, los acreedores de la AEE se apegan, entre otras cosas, a la sección 701 de la escritura de los bonos para plantear que tienen un derecho propietario abarcador sobre la utilidad pública y el deterioro de esa infraestructura y de su balance operacional amerita la intervención de un tercero.

Para argumentar su posición, los acreedores de la AEE presentaron a Swain la lectura de al menos tres expertos sobre la corporación pública, quienes exponen que el curso que ha llevado esa instrumentalidad requiere de medidas extraordinarias a fin de que pueda retornar a los mercados de capital.

Por ejemplo, Jeff D. Makholm, director gerencial de National Economic Research Associates, sostiene en un análisis de sobre 300 páginas que la AEE muestra un patrón repetitivo de incumplimiento con las órdenes de su regulador -entiéndase el Negociado de Energía- y “claramente la AEE no es un candidato para que pueda autoadministrar una evolución ordenada a una estructura yoperación que le permitirá retomar su acceso al crédito”.

“La AEE necesita una desconexión rápida de la autoridad e influencia política directa y una gerencia interna que se sirve a sí misma, lo que puede permitir el proceso de Título III”, indicó Makholm al agregar que la estructura jurídica y operacional de la AEE representa para el sistema judicial federal un reto “altamente singular” en una jurisdicción estadounidense.

Tiempo adicional para llegar a acuerdo

Inicialmente, las partes tenían hasta mañana para presentar sus argumentos, pero anoche una hora antes de que el UCC objetara la designación de un síndico en la JSF, el organismo federal -en representación de la AEE- junto a las aseguradoras municipales demandantes pidieron a Swain una semana más para presentar sus respectivos argumentos.

“La extensión de las fechas límite para presentar los documentos de oposición y réplica con respecto a la moción del síndico propuesta permitirán a los abogados de las partes continuar las discusiones y tal vez, alcanzar ciertos acuerdos”, reza la moción urgente.

Si Swain acoge el pedido de la JSF y los acreedores, las partes tendrían hasta los próximos 5 y 26 de abril para presentar sus argumentos. La controversia se ventilaría durante una audiencia el próximo 8 de mayo, fecha cercana al segundo aniversario de la radicación del Título III para la AEE.


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