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Bravo y Martinez fueron sentenciados a cuatro años de prisión por delito de soborno. (horizontal-x3)
Bravo y Martinez fueron sentenciados a cuatro años de prisión por delito de soborno. (GFR Media)

Mientras se espera por la apelación en el caso por soborno contra el exsenador HéctorMartínez y el empresario Juan Bravo, el Tribunal Federal concedió la petición de fianza presentada conjuntamente.

La orden, firmada por el juez federal Francisco A. Besosa, prohíbe que Bravo y Martínez se asocien o se comuniquen con personas que hayan ofrecido testimonios en alguna de las vistas o juicios en el caso.

La sección 3143 de la Reforma de Libertad bajo Fianza establece que “los acusados que soliciten una fianza pendiente de apelación deben establecer, mediante evidencia clara y convincente, que no huirán o representarán un peligro para la seguridad de otra persona o a la comunidad si es liberado y que su apelación no tiene como objetivo demorar una convicción”.

“Bravo y Martínez satisfacen el primer requisito porque no representan un riesgo de fuga y no representan un peligro para la comunidad. De hecho, los Estados Unidos reconocen que los acusados cumplen con este requisito de fianza pendiente de apelación. (Expediente No. 1055 en la p. 2). Estados Unidos no se opuso a la solicitud de Bravo de viajar al extranjero después de su condena. (Expedientes Nos. 1057 y 1059). Consecuentemente, la Corte encuentra con evidencia clara y convincente que Bravo y Martínez "no huirían o representan un peligro para la seguridad" de la comunidad”, lee el documento.

Bravo y Martínez fueron sentenciados a cuatro años de prisión por delito de soborno.

El juez Besosa le impuso una multa de $15,000 y tres años de libertad supervisada tras salir de la cárcel a Martínez.  

Al exlegislador se le restará de su condena el tiempo que ya cumplió en prisión: 10 meses y tres días. Mientras, a Bravo se le restarán a los siete meses y 23 días que ya cumplió tras los barrotes.

Pese al nuevo veredicto de culpabilidad, la defensa de ambos acusados sometió una moción de absolución perentoria debido a que, nuevamente, el juez Besosa no había explicado la diferencia entre regalía y soborno, lo cual pudo motivar las preguntas del jurado durante las nueve horas que tomó dilucidar el caso. 

Además, el equipo de abogados -compuesto por Abbe Lowell y Sonia Torres, en representación de Martínez Maldonado, y Reid Weingarten y María Sandoval en representación de Bravo Fernández-, reiteró que la Fiscalía federal, integrada por Peter Koski, Monique Abrishami y Gwendolyn Stamper, no presentó prueba directa ni contundente que sustentara las alegaciones.


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