En la foto, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III. (horizontal-x3)
En la foto, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III. (GFR Media)

Washington -  Una jueza del Tribunal de Reclamaciones Federales, en Washington D.C., rechazó desestimar una demanda de firmas de bonistas en la que se reclama que el gobierno de Estados Unidos también es responsable de la deuda pública de Puerto Rico.

De acuerdo a la orden de la juez presidenta del tribunal, Susan Braden, el caso, sin embargo, debe quedar paralizado en espera de que se decidan las impugnaciones constitucionales de la ley Promesa presentadas por la firma Aurelius. Este fue el caso resuelto el viernes en primera instancia por la jueza Laura Taylor Swain, y el sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

En su decisión, emitida el viernes, la jueza Braden sostiene – contrario a la que emitió Taylor Swain el mismo día-, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico es una entidad  del gobierno federal, un hallazgo clave para mantener viva la demanda que tiene ante su consideración, presentada por fondos de cobertura de riesgo, como Glendon Capital y Oaktree Capital Management.

Braden afirmó que el Congreso aprobó Promesa con el objetivo “federal” de estabilizar fiscalmente al gobierno de Puerto Rico.

La semana pasada, la jueza Taylor Swain – al reconocerle una amplísima autoridad al Congreso para legislar sobre sus territorios, como Puerto Rico, y dar y quitar poderes-, mantuvo la constitucionalidad de los nombramientos hechos a la JSF, bajo el argumento de que la junta es una entidad territorial no federal.

Swain sostuvo que los poderes plenarios del Congreso sobre la isla permiten al legislativo federal declarar la Junta como una entidad territorial, y designar sus miembros sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

“En cuanto a Puerto Rico, el Congreso ha ejercido durante mucho tiempo su poder plenario del Artículo IV (de la Constitución) para estructurar y definir entidades gubernamentales para la isla… El Congreso tiene un papel dual con respecto a los territorios: como el Congreso nacional de EE.UU. y la legislatura local del territorio”, indicó Swain, al desestimar una demanda del fondo de inversiones Aurelius Management que ha querido cancelar la  reestructuración de deuda bajo el título III de Promesa.

Mientras, la jueza Braden  - que deja sobre la mesa la demanda de las firmas de inversiones-, afirmó que el “control federal es evidente, porque el Congreso retiene el derecho a terminar la Junta de Supervisión si se cumple con ciertas condiciones”.

Braden mantuvo que el Congreso “ciertamente tiene autoridad para determinar que provisiones constitucionales o leyes federales aplican en los territorios”, pero advirtió que a su vez el Tribunal Supremo de EE.UU. ha determinado que los derechos constitucionales fundamentales sí aplican.

Por eso, sostiene que aunque el Congreso “tiene ‘amplia latitud’ en materia de la gobernanza territorial, esa autoridad no suplanta el rol de las cortes federales en proteger los derechos constitucionales fundamentales”.

Las firmas de inversiones en el caso ante el Tribunal de Reclamaciones Federales son representadas por el bufete de abogados Jones Day.

En su demanda, que incluye al gobierno de Puerto Rico y a la JSF, las firmas que representan bonistas indicaron que, “debido a que la Junta es claramente una parte del gobierno federal, sus accione, son en sí mismas las acciones de los Estados Unidos”.

Tanto Aurelius como el sindicato Utier han impugnado la constitucionalidad de los nombramientos de la junta. Pero, la Utier denuncia además violaciones del convenio colectivo de la Autoridad de Energía Eléctrica con sus trabajadores.


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